MEXICALI, BC (apro).- Un grupo de 120 agentes de las fuerzas estatales de Baja California son enviados a cuidar a empresarios, políticos y personas que requieren esta medida por mandato judicial, reveló el general Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCBC). 

El secretario lo refirió este miércoles durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la ciudad de Mexicali. 

“Tenemos alrededor de 120 agentes en los tres rubros. (En los políticos) ahí tenemos, ahora, 38 agentes”, dijo el funcionario estatal. 

Los tres rubros citados son: seguridad privada; seguridad a funcionarios públicos, básicamente de elección popular, y los asignados en las medidas cautelares tras un mandamiento judicial. 

Del primero, aseguró que “pagan por servicio”, pero les serán retirados a los empresarios a partir del próximo viernes. 

“Ahí tenemos 43 agentes. A partir del 1 de agosto vamos a retirar a esos agentes para incorporarlos a la operatividad. Es una comunicación que es originada por la reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, donde ya el artículo 34 nos obliga a cumplir esta norma. A partir de esa fecha ya estaremos contando con esos agentes”, citó Carrillo Rodríguez. 

Sobre los enviados a cuidar a funcionarios públicos por elección popular, el secretario aseguró que evaluarán si son requeridos de acuerdo con las funciones y el número correspondiente que deberán acompañarlos. 

“Hay unos que tienen más riesgo que otros funcionarios, y otros funcionarios que no representan un gran riesgo por sus propias actividades y es lo que estamos revisando. La cantidad tiene que ver de acuerdo con la amenaza que representa el funcionario. Eso está en la ley”, afirmó. 

El artículo 34 Bis, conforme a la reforma, indica que “El armamento y municiones correspondientes a una licencia oficial colectiva solo pueden emplearse en funciones de carácter oficial y de seguridad pública. Queda prohibido su uso en actividades de carácter privado tales como seguridad a particulares, seguridad a los bienes y seguridad en el traslado de bienes o valores”. 

Sobre el último rubro indicado por el secretario de Seguridad, mencionó que es relacionado con las medidas cautelares. 

“Que también lo tenemos como parte de una responsabilidad por parte de la Fuerza Estatal y que también estamos dando seguridad a estas personas que es un por un mandamiento de la autoridad judicial”, comentó. 

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que “sí hay modificaciones” y que ya se pidió “a varios escoltas que regresen a sus funciones dentro de la FESC”. 

“Se hará un análisis de riesgo para cada caso en particular que lo solicite: algún servidor público o electo, de elección popular, y será la Secretaría de Seguridad Ciudadana la que determinará si se acredita el que tengan algún escolta por el riesgo, por sus funciones o no, y de cuántos escoltas”, refirió sobre la medida que aplicaría a diputados o regidores, según los ejemplos expuestos.