COLIMA, Col. (apro) .- Un juez federal otorgó una suspensión provisional a favor de vecinos de la delegación Santiago, en Manzanillo, quienes promovieron un juicio de amparo para proteger la Unidad Deportiva Infantil “Los Altos”, ante el riesgo de ser afectada por el proyecto Vivienda para el Bienestar, puesto en marcha el pasado 2 de marzo en ese municipio por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Tras dar a conocer la resolución judicial, la regidora Martha Zepeda del Toro, de Movimiento Ciudadano, expuso que el Cabildo de Manzanillo —de mayoría morenista— aprobó de manera irregular la entrega de un predio de 2.2 hectáreas, ampliado posteriormente a 3.8, para cambiar el uso de suelo del área del proyecto de vivienda, que dejaría de ser un espacio deportivo y de área verde para convertirlo en un fraccionamiento habitacional, como parte del programa nacional impulsado por el gobierno federal. 

“Todo esto se realizó de manera ilegal e improcedente, además de que ha generado una gran inconformidad social no solo entre los vecinos del fraccionamiento Los Altos, sino en toda la población de la zona norte, una de las de mayor crecimiento del municipio”, denunció Martha Zepeda en rueda de prensa. 

Precisamente el 2 de marzo anterior, durante un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Manzanillo, un grupo de vecinos protestó con pancartas por los daños que implicaría el programa de vivienda para las instalaciones deportivas, por lo que antes de empezar su discurso, la mandataria señaló: 

“A ver, vamos primero aclarando, para todos los que traen cartulinas que dicen que se va a afectar la Unidad Deportiva. Es falso, se va a respetar. No sólo se va a respetar la Unidad Deportiva, sino que va a haber tres nuevas canchitas. No sé cómo hayan obtenido esta información de que ‘se iba a dañar la Unidad Deportiva’, pero es falso, completamente falso. Y pueden hablar con Edna, con Rodrigo, con la presidenta municipal, porque no, nada”. 

Y fue el 6 de junio siguiente cuando el cabildo manzanillense aprobó el cambio de uso de suelo del área en cuestión. 

A raíz de esa decisión, un grupo de habitantes conformó un movimiento de resistencia civil pacífica, respaldado por la regidora Martha Zepeda del Toro desde el Cabildo, además de que emprendieron la defensa legal a través de un litigio estratégico que derivó en la admisión de una demanda de amparo y la concesión de la suspensión provisional del cambio de uso de suelo. 

El maestro Christian Correa Castañeda, abogado constitucionalista y representante legal del movimiento, explicó que el juez determinó que los actos para transformar el uso del predio son contrarios al marco legal: 

“Los espacios verdes no pueden cambiar de uso; así lo establece la Ley General de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y también la legislación federal, además de que desde 2011 el sistema jurídico mexicano reconoce el principio de progresividad en derechos humanos: no se puede retroceder en los derechos ya adquiridos por la ciudadanía, como lo es el acceso a espacios públicos y deportivos”. 

Así también, el abogado explicó que el predio debe conservarse como espacio verde y que cualquier intento por urbanizarlo constituye una violación al derecho al medio ambiente, al esparcimiento y al desarrollo social de la comunidad. 

“Desde el 15 de julio, fecha en que se otorgó la suspensión provisional, todas las autoridades municipales, estatales y federales están impedidas legalmente para realizar cualquier intervención en el predio con fines habitacionales”, subrayó Correa. 

Claudia Pizano, integrante del comité vecinal que ha defendido el parque desde febrero de este año, compartió el esfuerzo ciudadano detrás del movimiento: 

“Ha sido una resistencia pacífica desde el derecho a cuidar, proteger y generar espacios para nuestras infancias y familias. No somos acarreadas, como intentaron descalificarnos; somos mujeres organizadas que defienden su comunidad”. 

Pizano detalló que la unidad deportiva comenzó su construcción en 2016 con participación ciudadana y de la iniciativa privada, aunque nunca fue concluida totalmente. Hasta ahora, el avance es de aproximadamente 60%, y desde febrero de 2025 se han realizado modificaciones que afectan ya el 50% del predio, lo cual alertó a la comunidad. 

“Ninguno de los fraccionamientos de la zona norte —dijo— cuenta con una unidad deportiva, por lo que esta área es la única opción para más de 6 mil personas, pues el municipio ha tenido un desarrollo urbano desordenado, sin considerar espacios públicos para el bienestar de la población”. 

Indicó que, a pesar de haber entregado oficios a diversas instancias de gobierno, el pasado 2 de marzo, los vecinos no han recibido respuesta oficial y se les ha negado el acceso a las sesiones de Cabildo, por lo que la vía legal se convirtió en su única alternativa efectiva para la defensa del espacio.