MORELOS (apro).- La cuarta diligencia de exhumación en las fosas de Jojutla avanza entre irregularidades y omisiones graves, al grado de violar los lineamientos establecidos por la propia Fiscalía de Morelos, lo que limita las posibilidades de identificar adecuadamente a las víctimas. Así lo denunciaron buscadoras, quienes exhortaron al fiscal Edgar Maldonado a dejar el escritorio y acudir personalmente a las fosas para constatar las fallas.

Las fosas comunes de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) —antes Procuraduría General Estatal—, ubicadas en el panteón municipal “Pedro Amaro” de Jojutla, a 58 kilómetros de Cuernavaca, fueron utilizadas para inhumar de manera irregular a decenas de personas desde aproximadamente 2007 hasta julio de 2014.

En 2017 comenzó el proceso de exhumación, atendiendo una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y gracias a la presión de colectivos de buscadoras. El pasado 26 de mayo iniciaron los trabajos de la cuarta diligencia, con una fecha inicial de conclusión prevista para el 13 de junio; sin embargo, este lunes se anunció que se extenderán hasta el próximo viernes 20 de junio.

No obstante, “las labores se realizan con premura, sin el personal especializado necesario y con diversas fallas técnicas”, denunciaron en entrevista conjunta Amalia Alejandra Hernández Hernández —tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, secuestrado e inhumado de manera irregular en las fosas de Tetelcingo, Cuautla—, y representante del colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla; así como Alba Fabiola Cruz Barrios —mamá de Susana Vanessa Cruz Barrios, desaparecida el 1 de enero de 2022 en Jiutepec— e integrante del colectivo Familias Resilientes Morelos.

“Ya son varias las irregularidades que hemos detectado. Y lo digo con base en que la Fiscalía emitió una serie de lineamientos para las exhumaciones de 2025. En 2024 se trabajó bajo ciertos criterios, y ahora han cambiado. Sin embargo, la Fiscalía no está cumpliendo con esos nuevos lineamientos, a pesar de haber sido ella misma quien los diseñó e impuso sin consenso”, sostuvo Amalia Hernández, quien ha participado prácticamente todos los días como observadora en cada una de las diligencias.

Ambas buscadoras enlistaron las irregularidades que podrían poner en riesgo el procedimiento:

Uno de los puntos más críticos es la falta de personal especializado en la fosa. Actualmente, el único antropólogo adscrito a la Fiscalía es de formación social, no física, y la única antropóloga física —proporcionada por la Comisión Nacional de Atención a Víctimas— concluyó su participación el pasado martes. Esto, según las activistas, deja la diligencia sin una persona capacitada para distinguir entre restos humanos y fragmentos animales, lo que podría contaminar la evidencia.

Otra irregularidad es la ausencia de control detallado de los niveles de tierra removida, así como la falta de cribado exhaustivo. Narraron que se está excavando sin registrar con precisión la profundidad de cada hallazgo ni tamizar cuidadosamente la tierra, lo que pone en riesgo la recuperación íntegra de restos y dificulta la obtención de perfiles genéticos confiables.

A esto se suma la deficiente identificación y etiquetado de los indicios. Según relataron Hernández y Cruz, en algunos casos se ha catalogado como “individuo” una extremidad aislada, sin confirmar si pertenecía a un cuerpo previamente localizado o si corresponde a un hallazgo nuevo, lo que genera confusiones en la cadena de custodia y posibles duplicidades.

“Le pedimos a la Fiscalía homologar criterios. Hay una nomenclatura que, desde nuestro entendimiento, no corresponde al indicio exhumado. Por ejemplo, sin revelar el número de carpeta —porque es un dato reservado—, se catalogó como ‘individuo’ lo que solo era una extremidad. En otros ejercicios en los que hemos participado, cuando se localiza un cráneo, un esternón o cervicales, hablamos con certeza de un individuo fallecido. Pero si solo se encuentra una extremidad, no necesariamente significa eso. Se tendría que revisar la carpeta de investigación, el lugar del hallazgo y las condiciones en las que fue localizado ese resto para cotejarlo con lo que se encuentra hoy en las exhumaciones”, explicó Amalia.

La presencia del Ministerio Público, obligatoria para supervisar cada fase de la exhumación, tampoco está garantizada en la práctica. Las buscadoras señalaron que la agente designada permaneció la mayor parte del tiempo sentada y mostró una actitud indiferente. Incluso, cuando se le solicitó la orden judicial que avala la intervención, respondió de forma grosera y se negó a proporcionar información clara sobre la ampliación de la zona de excavación.

Advirtieron que los trabajos se están realizando de manera apresurada por instrucciones del fiscal, quien fijó como fecha límite el viernes 20 de junio. Esta prisa, que ha sido constante desde el inicio —cuando la fecha original de conclusión era el 13 de junio— ha llevado a procesar simultáneamente hasta cuatro cuerpos, lo que incrementa la posibilidad de errores en el embalaje y registro de los restos.

Además, cuestionaron la legalidad de la ampliación de la fosa, ya que en 2024 un cuerpo quedó sin extraer por falta de orden judicial, y este año se retomaron los trabajos sin mostrar autorización correspondiente para intervenir fuera del perímetro original.

“En cada intervención hemos solicitado dos cosas: la medida exacta de la fosa y la orden judicial correspondiente. En 2024 se dejó un cuerpo ahí porque no había forma de obtener la autorización de un juez para intervenir esa zona. Ahora, aunque existe un margen definido dentro de los lineamientos, se amplió la intervención sin problema alguno. Por eso pedimos saber si hay una orden judicial o quién autorizó esa nueva extensión”, señaló Alba Fabiola.

En una reunión, las familias expusieron sus inquietudes a Alberto Belmont Gutiérrez, recién nombrado titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y exagente del Ministerio Público que coordinó la pasada diligencia. La respuesta fue poco alentadora:

“Cuando se le mencionó esto al licenciado Belmont, actual fiscal de desaparición forzada, respondió que los lineamientos son enunciativos, más no limitativos”, detalló Hernández.

Sin embargo —explicó la activista— “los lineamientos están sustentados en estudios internacionales, tesis académicas y jurisprudencia. Tienen una razón de ser: garantizar nuestro derecho a conocer la verdad, asegurar el manejo adecuado de la fosa, saber si en un solo momento fueron depositados todos los cuerpos o si la fosa fue reutilizada en distintos momentos, y también tener certeza de que se va a exhumar hasta el último individuo que se encuentre”, apuntó la representante del colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla.

Irregularidades y omisiones: un déjà vu

Amalia Alejandra, quien ha participado desde la primera diligencia, sostiene que en cada proceso se repiten —o incluso se superan— las irregularidades.

“Quienes participamos en el ejercicio de 2017 sentimos que esto es un déjà vu. Estamos regresando a las malas prácticas. Hace unos días nos dimos cuenta de que el doctor Samuel Nava —coordinador central de servicios periciales— estaba apresurando a la arqueóloga para exhumar los cuerpos. Ya hay restos en espera, y desde ayer los datos se están registrando de manera apresurada. Esto genera el riesgo de cruzar información”, denunció.

Una situación que inquieta profundamente a integrantes de los colectivos Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla y Familias Resilientes Morelos es que personal comprometido con hacer bien su trabajo fue retirado de las diligencias. Incluso, se difundió que ya no laboraban en la Fiscalía, lo cual fue desmentido por las buscadoras, quienes acusan a Samuel Nava de respaldar esa mentira.

“Al inicio de los trabajos de exhumación se preguntó por qué no estaría presente el perito encargado en 2024, quien hizo un trabajo distinto, metodológico y científico, que nos permitió entender cómo fueron depositados los cuerpos en esta fosa. Nos dijeron que ya no laboraba en la Fiscalía. Sin embargo, sabemos que sí sigue ahí, y quien afirmó que ya no trabajaba fue el doctor Samuel Nava, delante de un notario público y de la Comisión de Derechos Humanos”, relataron.

Desde la tercera y ahora en la cuarta diligencia, Samuel Nava ha mostrado especial interés en que el proceso concluya, aunque no se estén respetando los cuidados adecuados, acusaron las entrevistadas. Agregaron que esto levanta sospechas, ya que él ha ostentado el mismo cargo desde 2007 —excepto durante un breve periodo cuando se realizaron las exhumaciones en Tetelcingo—, lo que implica que conoce la extensión de esta fosa y tiene una idea del número aproximado de cuerpos.

Edgar Maldonado debe venir a las fosas de Jojutla

En este contexto, las buscadoras lanzaron un exhorto al titular de la Fiscalía de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, para que acuda al menos una vez a las fosas y vea directamente lo que está ocurriendo.

“El llamado al fiscal es para que venga, que vea por sí mismo lo que está ocurriendo en esta fosa. Que deje el escritorio y venga al campo. Que no se quede con lo que le diga su fiscal de desaparición forzada, sino que escuche también nuestra versión, la de quienes hemos estado involucradas desde 2016, y que ya ha quedado registrada ante notarios públicos”, dijo Amalia Alejandra.

Agregó: “Aquí no hay más: él tiene que venir. Tiene al mismo personal que trabajaba con Uriel Carmona Gándara, personal en el que él mismo dijo no confiar porque no era ‘su gente’. Pues entonces, que venga y conozca personalmente lo que está pasando. Que le dé solución a este tema”.

Por su parte, Alba Fabiola apuntó: “Si estos cuerpos hubieran sido recuperados en 2017, hoy tendríamos otro panorama. Escuchar que ‘no se puede obtener perfil genético por la degradación de los restos’ nos rompe el alma, porque eso significa que hay personas que no podrán regresar a casa y familias que nunca sabrán dónde están sus seres queridos”.