CUERNAVACA, Mor. (apro).-Este lunes comenzó la cuarta jornada de exhumaciones en la fosa común de la Fiscalía de Morelos, ubicada en el panteón Pedro Amaro en Jojutla, donde decenas de cuerpos fueron inhumados de manera irregular. Madres buscadoras y colectivos de familiares denunciaron su exclusión del proceso y el profundo rezago que persiste en la identificación de las víctimas.

La intervención arrancó con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y peritos forenses, acompañados por observadores institucionales y representantes de colectivos de familiares. Sin embargo, más allá de la logística del operativo, los reclamos sobre la falta de transparencia y la exclusión de expertos forenses independientes marcaron el inicio de esta nueva fase.

En un pronunciamiento conjunto, Amalia Hernández, Anayeli Medina Rosas y Romana García, representantes de los colectivos Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, Buscadoras del Sur y Unión de Familias Resilientes en Búsqueda de sus Corazones Desaparecidos, denunciaron la exclusión del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) y del Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila. “La Fiscalía no quiso incorporar a estos grupos ni aceptar su apoyo técnico. Tampoco existe un plan de identificación, por lo que los cuerpos recuperados se suman al rezago ya existente sin una ruta clara para su reconocimiento,” afirmaron.

Asimismo, criticaron la apertura de una nueva carpeta de investigación para esta diligencia, en lugar de integrar los hallazgos a expedientes previos, lo que fragmenta los casos y dificulta el seguimiento judicial.

En entrevista posterior al pronunciamiento, Amalia Hernández, del colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, expuso que la Fiscalía mantiene un cerco informativo que impide el acceso a datos clave para avanzar. “Nos niegan la información sobre declaraciones cruciales, como la de una exfuncionaria involucrada, y se rehúsan a compartirla incluso ante el juez,” denunció.

Agregó que “la Fiscalía, conocedora del derecho penal, argumenta que carece de personalidad jurídica para dar vista a la Comisión de Derechos Humanos. Quedamos atrapados en una trampa, en un pantano donde esa información se diluye. Al día de hoy, no hay ninguna persona vinculada a proceso aquí en Jojutla.”

Respecto a los procesos judiciales, señaló que de los tres servidores públicos sujetos a proceso, uno falleció y, aunque uno está próximo a enfrentar audiencia, no hay sentencias firmes. “Esto es un pantano donde la justicia parece estancada.”

Hasta la fecha se han recuperado 146 cuerpos, pero solo dos han sido identificados y entregados a sus familias, lo que Amalia calificó como una “simulación institucional” y una “farsa.”

A pesar de los obstáculos y las limitaciones denunciadas, las madres buscadoras manifestaron su disposición para acompañar esta cuarta diligencia de principio a fin. Su compromiso es firme: regresar a las víctimas que aún permanecen bajo la tierra con sus familias. Una de ellas señaló que, tras cada exhumación en este panteón, siempre aparece un cuerpo o algún indicio más, lo que las obliga a volver una y otra vez.