XALAPA, Ver., (apro) .- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle afirmó que la detención del periodista Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León” en el sur de Veracruz no está vinculada con el ejercicio de la libertad de expresión. 

En entrevista radiofónica, Nahle García señaló que la investigación corresponde exclusivamente a la Fiscalía y subrayó que “para la ley todos somos iguales, seamos periodistas, reporteros o cualquier otra profesión”. 

“Se tiene que aplicar la ley para todos, seamos quien seamos. Esto no va con la libertad de expresión. En Veracruz hemos vivido un año donde perdura la libertad de expresión, yo diría que hasta con exceso, y de parte de mi gobierno no ha habido ni un solo reclamo o señalización”, dijo. 

“En Veracruz no se le corta la libertad de expresión a nadie, aquí todo mundo puede hablar y decir, la responsabilidad es de cada quien, pero ante hechos penales es otro caso, y se tiene que aplicar la ley”, expresó la mandataria, al tiempo que insistió en que su gobierno no interviene en los procesos judiciales. 

Añadió que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de informar sobre las imputaciones y avances del caso, junto con la defensa del periodista. “Para hacer un movimiento como el que se hizo debe haber pruebas y se debe respetar el debido proceso”, apuntó. 

Rafael León Segovia, con más de 20 años de trayectoria en la cobertura de la fuente policiaca, enfrenta cargos por terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. 

La familia del periodista denunció públicamente una presunta campaña de hostigamiento en su contra, que culminó con su detención el pasado 24 de diciembre, afuera de su domicilio en el sur de Veracruz. 

Gardiel Josué León Oropeza, hijo del comunicador, dijo que durante el operativo de detención se presentaron irregularidades, como la retención de un vehículo y la desaparición de dinero en efectivo, que —aseguran— no fue debidamente resguardado por la autoridad. 

La familia rechazó las imputaciones y sostuvo que carecen de sustento jurídico, al considerar que se trata de una represalia por su labor periodística. Según su hijo, la Fiscalía argumenta que el trabajo informativo del comunicador genera pánico en la población, lo que —afirmó— criminaliza el derecho a informar. 

León Oropeza expresó preocupación por el uso de testigos con identidad reservada, al considerar que esta figura limita el derecho a una defensa adecuada. También manifestó temor por la integridad de su familia y de otros periodistas que cubren temas de seguridad en la región. 

La situación jurídica del periodista se definirá el próximo 29 de diciembre cuando se realice la audiencia del caso. 

Por su parte, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) informó que brinda acompañamiento jurídico y asesoría legal a un periodista de Coatzacoalcos desde el momento en que fue intervenido por autoridades ministeriales, el pasado 24 de diciembre. 

La dependencia precisó que la Dirección Jurídica mantiene contacto directo con los familiares del periodista, a quienes se les proporciona el apoyo solicitado en materia legal, de manera concurrente con la defensa particular. 

La CEAPP detalló que la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que la continuación de la audiencia se llevará a cabo en los próximos días, cuando se resolverá la situación jurídica del comunicador.