GUADALAJARA Jal. (apro) La comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, en Villa Guerrero, Jalisco, rechazó categóricamente la versión del fiscal estatal, Salvador González de los Santos, quien declaró que en la línea de investigación el asesinato del representante agrario, Marcos Aguilar Rojas, derivó de una disputa al interior de la propia comunidad. 

“Nos dirigimos a los pueblos y gobiernos del mundo con un profundo dolor, ante la muerte de una de las personas más honestas y comprometidas con la defensa del territorio que ha dado nuestra comunidad, para señalar con nombre y con hechos la complicidad, los intereses y la estructura de poder que permitió —y sigue permitiendo— que este crimen ocurriera”, puntualizaron. 

En un comunicado difundido este 1 de diciembre, la comunidad sostuvo que la afirmación es falsa y representa un intento de minimizar los hechos al reducirlos a “problemas entre vecinos”. Señaló que el crimen registrado el 26 de noviembre, en el que también resultó herido Gabriel Aguilar Rojas, es consecuencia de una escalada de agresiones relacionadas con la disputa del territorio comunal. 

“El asesinato de Marcos Aguilar Rojas fue la consecuencia lógica de décadas de agresiones armadas, invasiones agrarias, amenazas de muerte y hostigamiento a las autoridades tradicionales y comunales de Azqueltán. El ataque del 26 de noviembre no fue improvisado: fue planeado, acordado y ejecutado por caciques y sus grupos de pistoleros, amparados por la omisión, el silencio o la participación directa de autoridades municipales, estatales, operadores judiciales y agentes ministeriales. Negarlo —como lo intentó hacer el fiscal del estado de Jalisco, reduciendo todo a “problemas entre vecinos”— es participar en el crimen, que recuerda el discurso del poder ante los ataques paramilitares que han sufrido los pueblos originarios de nuestro país, como en el territorio de los hermanos zapatistas y en otras geografías, para concretar el despojo, y mediante el terror, acabar con la organización indígena”, manifestó la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán. 

La comunidad afirmó que se trató de un ataque político y territorial, planeado y ejecutado por caciques y grupos armados que buscan concretar el despojo de tierras comunales, y que han operado durante años bajo la protección de autoridades municipales, estatales y operadores judiciales.  

“Según la investigación de la propia comunidad y las evidencias que dejan al descubierto a los poderosos de la región, denunciamos que el martes 25 de noviembre de 2025, en el domicilio de Juan Aguilar, se reunieron el grupo de pistoleros que hemos denunciado y el cacique Refugio Raygoza, para planear el despojo de los predios comunales El Sabino Quemado y El Caracol, en esa misma reunión acordaron la ejecución de nuestro compañero Marcos, para lo que fue fundamental la complicidad de Favio Flores Sánchez “La Polla” y funcionarios de gobierno y policiales que participaron en actos previos de hostigamiento a los comuneros. Estas reuniones siguen ocurriendo en la localidad de Izolta, donde se siguen planeando ataques hacia nuestros comuneros”, expuso en el comunicado. 

Como parte de esta estructura de impunidad, acusaron que funcionarios obstaculizaron la toma de pruebas periciales a uno de los presuntos agresores. 

“Durante la integración de la carpeta 468/2025 5-J originada por los hechos recientemente acontecidos, la Fiscalía y el Poder Judicial actuaron nuevamente para encubrir a los agresores Esteban y Manuel de apellidos Aguilar Herrera, quienes han atacado a nuestros comuneros: el más reciente acto de encubrimiento fue llevado a cabo por Jorge Alonso Arellano Gándara, Administrador Distrital del Juzgado de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Colotlán, Jalisco, en virtud de que tras los hechos acontecidos el pasado 26 de noviembre del año en curso, el Ministerio Público pidió tomar muestras de residuos de disparo al detenido Manuel Aguilar Herrera, pero el defensor público lo impidió con el pretexto de que estaba´inconsciente´, y cuando la solicitud se presentó formalmente ante el Juzgado, fue dicho Administrador Distrital quien —de manera ilegal, sin facultades jurídicas y actuando como protector de los agresores— rechazó con argumentos falsos la solicitud, retardando la investigación y evitando que se tomara la muestra, violando el derecho a la justicia e imposibilitando que la decisión se apelara, además de comprometer la eficacia del peritaje y privando a las víctimas de una prueba fundamental que dependía de la legal y pronta actuación de las autoridades”, puntualizó en la comunidad indígena. 

El comunicado recordó que la comunidad ha denunciado invasiones agrarias, hostigamientos, amenazas y ataques armados desde hace décadas. Subrayó que las declaraciones del fiscal estatal “participan en el crimen” al intentar encubrir el trasfondo político del asesinato. 

“El reciente encubrimiento —comprobado por la actuación ilegal del Administrador Distrital que bloqueó la toma de pruebas al homicida— demuestra que la Fiscalía del Estado de Jalisco y parte del Poder Judicial, han sido engranes activos de la maquinaria de impunidad. Todo está documentado. Todo está en las carpetas de investigación. Todo está en los testimonios. El objetivo real es arrebatarnos el territorio, no un «problema entre vecinos.

“Lo que quieren no es solo eliminar autoridades agrarias, sino nuestro territorio y y organización indígena, pues los caciques y supuestos pequeños propietarios, con una economía pudiente en la región, han invadido miles de hectáreas comunales, y ahora, con este crimen, han dejado claro que buscan exterminar a la comunidad para apropiarse de lo que nos pertenece desde hace siglos. Lo señalamos el pasado 13 de noviembre de 2025, cuando denunciamos públicamente el hostigamiento en contra de nuestros comuneros por parte de supuestos policías de investigación de la Agencia del Ministerio Público de Villa Guerrero, Jalisco; quienes afirmaron: que ‘les vale madre el juicio agrario’, que si no corremos nos quiebran’, ‘que van a entrar con policías y con armas’. El asesinato de Marcos es solo un paso más en ese plan”, señalaron. 

Frente a la gravedad de la situación, la comunidad exigió al Gobierno Federal la emisión de un decreto presidencial que se les reconozca y se delimite su territorio ancestral, al considerar que sin ese reconocimiento jurídico seguirán expuestos a nuevas agresiones.  

“La responsabilidad histórica es del Estado mexicano. El Estado mexicano es el responsable por acción, por omisión y por negligencia histórica. Es responsable porque: No ha garantizado seguridad a la comunidad pese a denuncias formales y repetidas. Permitió que operadores judiciales obstaculizaran la investigación. Lleva décadas negando el reconocimiento jurídico pleno del territorio tepecano, abriendo la puerta a invasores, caciques y violencia armada. La negligencia de los gobiernos —municipales, estatales y federales— ha costado vidas y si no actúan, seguirá costando. Ante la gravedad de los hechos, ante el peligro que vivimos, exigimos al Gobierno Federal.

“La emisión inmediata de un DECRETO PRESIDENCIAL que reconozca, delimite y titule el territorio ancestral de la Comunidad Indígena de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco. Sin este reconocimiento jurídico pleno, la comunidad seguirá expuesta a agresiones armadas, criminalización, invasiones, omisiones institucionales y a nuevas muertes. El Gobierno Federal debe entender que su responsabilidad es directa. No puede seguir ignorando que la vida de un pueblo originario depende de decisiones que solo puede tomar el Ejecutivo. Si el gobierno quiere detener el derramamiento de sangre, que empiece por reconocer el territorio de quienes han habitado y defendido estas tierras desde tiempos inmemoriales”, apuntó la comunidad indígena autónoma. 

También pidió la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para vigilar el proceso y evitar nuevas omisiones de las autoridades. 

La comunidad informó que, tras el ataque, recuperó mediante movilización el predio El Caracol, donde ocurrieron el asesinato de Marcos Aguilar Rojas y las lesiones con arma de fuego a Gabriel Aguilar Rojas, predio que —aseguran— es uno de los terrenos en disputa por parte de caciques regionales. 

Finalmente, llamaron a los pueblos y organizaciones solidarias a mantenerse atentos, y reiteraron que no abandonarán su territorio ni detendrán su defensa. “Marcos vive, la lucha sigue”, concluyeron.