Chiapas
Ramírez Aguilar niega desplazamientos forzados de familias tzeltales por crimen organizado
El mandatario insistió que “no hay una situación de crimen organizado”, sino que “son temas sociales lo que prevalecen”, ante la demanda de seguridad y reubicación de seis familias tzeltales víctimas de desplazamiento forzado desde hace cuatro años.CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que “apuesta” a la “política y al diálogo” para la reincorporación de seis familias tzeltales víctimas de desplazamiento forzado desde hace cuatro años en la comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo de la Selva Lacandona.
El grupo integrado por 34 personas que debieron salir de Nueva Palestina en diciembre de 2021, y al que se suman ocho niñas y niños nacidos posteriormente en San Cristóbal de Las Casas, considera que no existen condiciones de seguridad para el retorno a la comunidad, debido a que, denuncian, continúan las amenazas.
Por lo tanto, pidieron al gobierno estatal ayuda humanitaria y una reubicación territorial definitiva, además de apoyo alimentario complementario.
“Algunas comunidades tienen sus usos y costumbres, pero siempre se les da acompañamiento. No hay desplazamiento como tal, puede haber tensiones como es normal, pero siempre se atienden con mucha responsabilidad”, argumentó el gobernador Ramírez Aguilar, entrevistado en Pachuca, a donde acudió para firmar un convenio de colaboración con Hidalgo en materia de inspección laboral.
El mandatario insistió que “no hay una situación de crimen organizado”, sino que “son temas sociales lo que prevalecen”, ante la demanda de seguridad y reubicación de los afectados.
Proceso ha publicado que cuando estas familias fueron forzadas de su comunidad, hombres armados las atacaron y destruyeron sus viviendas, según el testimonio de Bersaín Velasco Aguilar, vocero de este grupo desplazado.
“Hay albergues que se establecen, pero a lo que le apostamos es a la política y al diálogo”, añadió el gobernador morenista, tras ser cuestionado sobre las acciones concretas para apoyar a estas personas, que actualmente rentan viviendas. El Ejecutivo estatal cubre de manera parcial el alquiler de cinco casas, pero, a decir de Velasco Aguilar, las despensas que reciben son insuficientes para cubrir la alimentación de los adultos e infantes, además de no tener un hogar.
Ante la pregunta de si consideran una “restitución patrimonial” para las familias, Ramírez Aguilar respondió que “está todo considerado”, sin profundizar, pero al ser inquirido cómo se llevaría cabo este proceso ante la urgencia de las familias tzeltales que se manifestaron este martes frente a la sede del gobierno de Chiapas, el mandatario expuso que lleva “un proceso”.
“Y a la Secretaría de Gobierno está encargada, junto con el ayuntamiento, para poder establecer un mecanismo de paz y de reconciliación entre los hermanos”, añadió, sin abundar más al respecto.
Las seis familias también exigen la liberación del defensor de derechos humanos Bersaín Aguilar García, quien permanece preso en el penal de San Cristobal de Las Casas desde el 10 de enero de 2022, después de haber estado, inicialmente, recluido en Ocosingo. Según las autoridades, los cargos en su contra son por homicidio, homicidio calificado y robo.
Las familias tzeltales ven en este caso una posible fabricación de delitos o represalia, pues igualmente acusan la desaparición de Fredy Gómez Sántiz, posiblemente torturado y asesinado.
Respecto a la seguridad de migrantes centroamericanos que atraviesan la ruta por Chiapas, que, con base en organizaciones como el Centro PRODH (Miguel Agustín Pro Juárez) e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sigue siendo peligrosa debido a la presencia de delincuencia organizada y la precariedad de las condiciones de viaje, el gobernador reconoció que persisten delitos como extorsiones, pero aseguró que en 2025 se ha inhibido el flujo de migrantes por la política en la materia implementada por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.
“Tenemos una fiscalía de atención al migrante, cuando se ve la comisión de un delito en contra de un migrante siempre se ha actuado, con los tres niveles de gobierno, y se aplica la ley.
“Evidentemente la población migrante, muchos de ellos, son extorsionados por organizaciones delictivas que habitan tanto en Centroamérica como en los límites con Chiapas, y hacen extorsiones a familiares.
“Aunque ahora ha disminuido muchísimo la migración a través de lo que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos, ha disminuido significativamente, pero eso no quiere decir que estemos exentos a cualquier tipo de conflictos”, expuso el también exsenador.