SALTILLO, Coah., (apro) .- Este martes se imputó a Hugo Alejandro “N” el delito de feminicidio por la muerte de Silvia Guadalupe de 13 años, y un día antes quedó vinculado por el de violación, pero la familia de la adolescente padece la violencia institucional por parte de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la familia (Pronnif), que desde hace una semana les quitó resguardo a dos niñas y un niño menores de edad, y programó a la misma hora dos citatorios en diferente área de la dependencia. 

A María Guadalupe Muñiz e Hilario Camarillo se les citó a las 09:00 horas en las instalaciones de la Pronnif para desahogar la audiencia del caso de los menores de edad que casi de inmediato, al ser ubicado el cuerpo de Silvia Guadalupe, les retiraron a sus padres y se encuentran en una casa hogar. 

A la familia se le citó a las 09:00 horas en las instalaciones de la Pronnif y a esa misma hora, la propia dependencia los programó con el área de Psicología para realizar los estudios correspondientes. 

La pareja terminó de hacer las pruebas psicológicas y se trasladó al Centro de Justicia, donde se realizó la audiencia para imputar a Hugo Alejandro “N” por el delito del feminicidio de la menor, quien murió a consecuencia de un disparo en la cabeza y fue localizada en el ejido Buñuelos, al sur de Saltillo y a casi 20 kilómetros de distancia del ejido Tinajuela, de donde era originaria. 

Sin embargo, al concluir la audiencia de imputación hacia el presunto autor del feminicidio, los padres de la menor acudieron a la Pronnif de nueva cuenta para recibir de respuesta que perdieron la oportunidad de solucionar el caso e iniciar el proceso para recuperar a los menores: las gemelas Britny y Monserrath, de 12 años, e Hilario de 10. 

“Si no hubiera ocurrido la muerte de mi hija, no estuviera pasando esto con mis otros hijos, ni contra la familia”, señaló el padre de los menores a quien medios de comunicación –basados en supuestas filtraciones oficiales allegadas a la investigación– lo ubican como responsables de omisión de cuidados y aseguran que fue un accidente que su hija hay sido asesinada por el sujeto de 21 años, quien sostenía una “relación” con la adolescente. 

La pareja, originaria del sector rural, se siente muy desgastada debido a la campaña de desprestigio en su contra, en la que también incurrió el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, al hablar del caso en un foro estudiantil donde revictimizó y criminalizó a la hoy occisa, al señalar la relación con un hombre adulto y tener comportamientos de “focos rojos” que su familia no atendió. 

Esperan que durante el miércoles los puedan atender y poder recuperar a sus hijos menores, al cumplirse una semana que Pronnif se los quitó. 

Secretaria de la Mujer rechaza cuestionar a fiscal

La titular de la Secretaría de la Mujer, Mayra Valdez González, rechazó hace comentarios sobre la necesidad de capacitar al Fiscal en temas de perspectivas de género y establecer protocolos en torno a lo que se puede informar sobre violencia contra las mujeres y feminicidios, después de sus declaraciones públicas. 

“Es una opinión personal (del Fiscal General) y creo que, al tratarse de una menor de edad, me reservo el comentario por el respeto de la menor y de la familia”, consideró. 

Sostuvo que se debe trabajar en protocolos para establecer lo que se debe dar a conocer de las investigaciones sobre casos de violencia a la mujer y en particular de los feminicidios y lo que debe mantenerse en reserva. 

De acuerdo con la activista y quien acompaña a la familia, Jaqueline Campbell Dávila, el caso evidenció diversos aspectos de lo que pasa en el sector rural de Saltillo, donde para tener acceso a educación los niños y adolescentes deben trasladarse a otras comunidades a una distancia de tres horas y a dichos lugares las autoridades como Pronnif no llegan, salvo cuando ocurren casos como el feminicidio de Silvia Guadalupe. 

Agregó que a estas condiciones de contexto en el que vive la familia, se suma la actuación de la Fiscalía General del Estado y la Pronnif contra la familia.