TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (Apro) .- Bajo una aparente calma, Chiapas enfrenta una crisis profunda de derechos humanos marcada por la violencia estructural, el control armado de territorios y el desplazamiento forzado de comunidades enteras, así lo denunció el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Raúl Vera López, al presentar un informe sobre la situación actual en el estado. 

Vera López se presentó en las puertas del Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo estatal, y desde ahí habló de la preocupación por las incursiones militares en territorios autónomos zapatistas, al considerar que estas acciones “vulneran la autodeterminación de los pueblos y buscan fracturar los procesos de organización comunitaria”. 

El obispo calificó como “negociacionismo oficial” la estrategia gubernamental que presume acuerdos de civilidad mientras mantiene vínculos con estructuras criminales. 

“Lo que se presenta como mano dura es, en realidad, una estrategia de control que fusiona al gobierno con la delincuencia organizada”, sostuvo. 

“En muchas regiones, especialmente en la zona fronteriza, persiste el control armado, el desplazamiento forzado y el sometimiento de comunidades bajo el miedo. Nos enfrentamos a territorios silenciados”, afirmó el obispo emérito de Saltillo. 

A pesar de los discursos oficiales que aseguran estabilidad y paz, el Frayba sostiene que la realidad documentada contradice al gobierno federal y estatal. “Lo que hemos constatado son asesinatos, desapariciones forzadas, militarización y despojo de tierras”, agregó el prelado. 

El organismo ha registrado más de 16 mil casos de desplazamiento forzado en Chiapas, acompañados de despojos territoriales, agresiones a defensores comunitarios y una creciente militarización. Esta última, advierte el Centro, “no ha traído seguridad, sino que ha agravado la violencia estructural”. 

El presidente del Frayba denunció una “paz simulada” sostenida por pactos entre autoridades y grupos delictivos, lo que genera una narrativa oficial que oculta la gravedad de la crisis. 

“La crisis de desapariciones continúa agravándose”: Pedro Faro 

Por su parte, Pedro Faro, integrante del Frayba, alertó sobre el incremento sostenido de desapariciones en el estado, un fenómeno que refleja la expansión de la violencia y la impunidad. 

El defensor, destacó que “uno de los casos más graves ocurrió en 2023, cuando diez comerciantes guatemaltecos desaparecieron en la frontera sur, un hecho actualmente bajo revisión ante un comité internacional.  

Dijo que, en los territorios de autonomía zapatista, el Frayba ha documentado 36 desapariciones vinculadas al conflicto armado interno, entre ellas la de Antonio González Méndez, reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como desaparición forzada. 

El organismo también reporta 34 personas desaparecidas pertenecientes a la Zona de Tierra y Libertad (ZTL), además de los 36 casos adicionales confirmados. Las organizaciones sociales sostienen que la mayoría de estas desapariciones ocurren en un contexto de impunidad, colusión estatal y presencia de grupos criminales, por lo que las catalogan como desapariciones forzadas. 

El Frayba advirtió que las desapariciones y la violencia no son hechos aislados, sino parte de una política del silencio que normaliza el horror. 

“Las instituciones que deberían buscar a las personas desaparecidas, proteger a sus familias y garantizar justicia han fallado. Esa falla no es accidental, es estructural, persistente y criminal”, subrayó Vera López. 

El Centro reiteró que las reformas impulsadas desde el poder central no han fortalecido la justicia ni la protección de los derechos humanos, sino que han debilitado los contrapesos democráticos y erosionado los organismos autónomos. 

“México atraviesa una profunda crisis de derechos humanos. Lo que enfrentamos no es solo un espiral de violencia, sino un entramado de impunidad que se refuerza con el debilitamiento institucional”, concluyó el presidente del Frayba.