TOLUCA, Edomex., (apro) .- El miércoles 14, el costo del pasaje del transporte público en el Estado de México pasó de 12 a 14 pesos, con lo que la entidad mexiquense se convierte en la cuarta con el servicio más caro en el país. 

El acuerdo que lo autoriza fue promulgado en Gaceta de Gobierno la noche del pasado viernes.  

Organizaciones civiles como #NoAlTarifazo y Colectiva Cometa; asociaciones estudiantiles como la Asamblea Universitaria UAEMex, y partidos de oposición como el Revolucionario Institucional (PRI) advierten que la determinación es electoral y que, con esta acción recetada en “lo oscurito”, Morena traiciona al pueblo.  

Los inconformes tienen previsto movilizarse en contra de la autorización este 15 de octubre en Toluca, Tlalnepantla y Texcoco, mientras el colectivo #NoAlTarifazo contempla la posibilidad de ampararse.  

El acuerdo suscrito por el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, establece que en los 125 municipios aplicará, para el transporte colectivo, una tarifa mínima de 14 pesos para los primeros cinco kilómetros; y a partir del sexto se sumarán 25 centavos por cada kilómetro adicional.  

“El ajuste permitirá garantizar la modernización y viabilidad de la prestación del servicio, en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad”, justifica la decisión gubernamental.  

Voto duro  

Dante Álvarez, integrante de #NoAlTarifazo y de la Colectiva Cometa, indicó que el Gobierno del Estado no sustentó la autorización para el incremento del pasaje en un estudio tarifario, como la norma lo obliga, e indicó que, de buena fuente, conocen que ni siquiera existe.  

Indicó que el propio Gobierno estatal reconoce que 80% de las unidades operan en la ilegalidad. Expuso que cada día promedian 10 siniestros en la entidad, incluidos los mortales, y no hay empresas que se hagan responsables de las víctimas.  

Además, el Estado de México concentra más de la mitad de los delitos que se denuncian en transporte público a nivel nacional.  

Álvarez Jiménez acusó que el ajuste tiene un objetivo electoral. Recordó que al inicio de la administración Daniel Sibaja, anunció que, en seis años, fundamentalmente los electorales, los transportistas accederán a varios fideicomisos por más de 5 mil millones de pesos para renovar sus unidades, y los recursos han comenzado a fluir para empresas vinculadas al Grupo Atlacomulco y a Morena.   

También al inicio del sexenio, indicó, el secretario de Movilidad comprometió que no habría alza en las tarifas. Ahora, manifestó, “quieren el voto duro de los transportistas, están interesados en ganar las próximas elecciones”.  

El transporte público del Estado de México, acusó, tiene un rezago de hasta 40 años. Lamentó que, con menor población, Puebla y Mérida tengan más opciones de transporte público masivo que el oriente de la entidad. Resaltó que, si bien el Estado de México no tiene la tarifa más elevada del país, sólo es superado por entidades norteñas con economías más fuertes.   

Mientras, prosiguió, la alcaldía Iztapalapa tiene la misma población que Toluca, pero a diferencia de la capital mexiquense cuenta con metro, metrobús, trolebús y cablebús.  

Descartó que, en esta ocasión, se cumpla con el compromiso de dignificar las unidades, como se promete cada alza de pasaje.   

Insistió en que Gobierno estatal comprará unidades a los transportistas por 5 mil millones de pesos, lo que resultará un gasto efímero y alcanzará para muy pocas unidades; mejor, consideró, debiera invertirse ese recurso en transporte articulado.  

De existir voluntad del pulpo camionero, expuso, con el ajuste tarifario de 2020 habría alcanzado para renovar unidades, pero hay negligencia.   

Por el contrario, expuso, las nuevas tarifas afectan a los sectores más vulnerables. Tan sólo en el Valle de Toluca, ejemplificó, 80% de la población utiliza el transporte público; de ellos, 30% no tiene ingresos y otro 30% se encuentra en una situación económica vulnerable; de manera que el ajuste implica “quitarle el dinero a los pobres para entregárselo a los ricos concesionarios”.  

No hay, insistió, beneficio para la sociedad, ni siquiera para los operadores que siguen siendo hombre-camión por la guerra del centavo, y las empresas no respetan normativas ambientales, laborales, ni de movilidad.  

Por su parte, la Asamblea Estudiantil de la UAEMex consideró que el Gobierno de Delfina Gómez traicionó, con el ajuste, al pueblo mexiquense, y coincidió en que la finalidad es electoral, para saldar adeudos con sectores que le ayudaron a ganar los comicios a través del voto corporativo, el acarreo y la promoción.  

“Es un servicio de lucro político, camiones pintados masivamente con consignas de apoyo a candidatos, unidades destartaladas, usuarios apretados como animales... colgando de las unidades, arriesgando la vida, llegando tarde porque el camión no se paró, porque ya no cabemos, porque somos muchos”.  

No traicionar al pueblo  

Mientras tanto, el PRI demandó al Gobierno del Estado de México realizar una consulta pública, como las que Morena organiza para legitimar sus decisiones, entre estudiantes, obreros y amas de casa para determinar si se justifica y procede el ajuste.  

Cristina Ruiz Sandoval, presidenta estatal del tricolor, consideró que Morena mintió a los mexiquenses, simuló y traicionó a sus familias, al aprobar el tarifazo “en lo oscurito y en fin de semana, mientras millones de familias descansaban... a escondidas... sin voz ciudadana. El discurso ‘primero los pobres’ se quedó sólo en las campañas”.   

Refirió que, con la modificación, el Estado de México escala un lugar en el ranking de transporte público más caro del país, apenas por debajo de Nuevo León, donde la tarifa mínima representa 17.50 pesos; Baja California, donde cuesta 17; y Coahuila, con 15 pesos, con la diferencia, aseguró, de que en esas entidades las unidades son modernas y seguras.   

Ruiz Sandoval manifestó que el argumento del aumento de costos de los transportistas no se sostiene, pues el precio del diésel, su principal insumo, se ha mantenido estable desde hace tres años. En 2023, dijo, el litro costaba 24.17 pesos; En 2024, 25.71; y en 2025, 25.52.   

Por el contrario, manifestó, desde 2024 los transportistas han resultado beneficiados por las autoridades con subsidios de 100% en pago de impuesto sobre tenencia, refrendo anual, y derechos y trámites de concesión y permisos, sin que eso represente un mejor en servicio y la regularización de sus unidades.   

En el Estado de México, prosiguió, circulan más de 700 mil unidades, de las que alrededor de 550 mil son ilegales; es decir, 78 por ciento, 8 de cada 10 incumplen requisitos para circular, de manera que también a ellas, que no pagan impuestos, les beneficiará el tarifazo con complacencia política.   

“Exigimos una consulta ciudadana sobre las tarifas, suspender el aumento aprobado en lo oscurito hasta garantizar las condiciones mínimas de seguridad y calidad, que las unidades cuenten con cámaras de videovigilancia, que las unidades viejas sean sustituidas, descuento a estudiantes y adultos mayores, transparentar el estudio para justificar el incremento, un plan estatal de movilidad, paradas seguras para mujeres y jóvenes y auditoría a las concesiones”, añadió.