HIDALGO (apro) .- Las víctimas mortales a consecuencia del huracán Priscila en Hidalgo subieron a 22 en las últimas horas. Además, el número de viviendas con afectaciones incrementó a mil 200, que se suman a 308 escuelas y 59 centros de salud dañados, más 150 comunidades incomunicadas y seis corrientes desbordadas. 

Asimismo, aunque no hay un número preciso de personas sin localizar, municipios de la Sierra Otomí Tepehua –una de las más afectadas por el fenómeno hídrico– reportaron, al menos, 14 desaparecidos. 

La Coordinación Nacional de Protección Civil –que recibe información de las entidades federativas afectadas por las lluvias– confirmó que 71 vías de comunicación en Hidalgo siguen dañadas y que se mantienen 190 derrumbes o deslizamientos de laderas. Aunado a ello, en 13 de los 84 municipios persisten afectaciones. 

En tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó 65 mil 443 usuarios perjudicados, con un avance del 49.47 por ciento en la restitución del servicio eléctrico. 

De 80 incidencias en la red estatal de carreteras, siete son atendidas y 73 están en proceso, con 22 maquinarias para realizar labores de remoción de material en zonas afectadas por deslaves. 

También se han habilitados centros de acopio y refugios temporales: uno en el municipio de Juárez Hidalgo, donde se alojan siete personas, más los refugios del DIF estatal en Huejutla, Tepeapulco y Tepeji del Río. 

La noche previa, en Tianguistego, donde comunidades como Joquela, Tlacolula y Chapula quedaron incomunicadas por el fenómeno hidrometeorológico, el gobernador Julio Menchaca Salazar insistió en, primero, atender la emergencia y, después, centrarse en la reconstrucción, que, anticipó, se realizará a través de un censo de damnificados, pero sin dar más pormenores. 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso en marcha el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre (Plan DN-III-E), operado en Hidalgo por elementos de la Décimo Octava Zona Militar.  

De igual forma, participan Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública estatales, más las corporaciones municipales, así como el sector salud –que prevé brotes de enfermedades infecciosas por las anegaciones– y la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano en la liberación de vías bloqueadas a consecuencia de derrumbes y deslaves.