SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, (Chis).- Más de 50 organizaciones y colectivos protestaron por la detención del defensor tsotsil, Mario Gómez López, privado de su libertad el pasado 24 de enero en esta ciudad y criticaron las acciones que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha implementado para combatir la criminalidad en Chiapas. 

La detención de Mario ocurrió “en medio de un esquema de seguridad enfocado en la creación de un cuerpo de policía militarizado (Fuerza de Reacción Inmediata Pakal), detenciones masivas, cateos y despliegues llamativos de fuerza, junto con un discurso de paz, cero impunidad y una sociedad civil profundamente impactada por la violencia y control que emana de grupos de la delincuencia organizada”. 

Al denunciar lo anterior, las ONG, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explicaron que Mario Gómez, quien forma parte de la comunidad Santa Cruz, del ejido Cuxtitali El Pinar y es pareja de Pascuala López López, también defensora de derechos humanos, fue detenido por policías municipales. 

El arresto ocurrió cuando se dirigía a su trabajo como albañil, luego fue puesto a disposición en la policía ministerial dos horas después y trasladado inmediatamente al penal de El Amate, localizado en el municipio de Cintalapa, acusado de los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, daños y los que resulten. 

Para las organizaciones, como Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los Derechos para todas, todos y todes, entre otras, estos son delitos “eminentemente políticos”, además de que con su detención “se han generado violaciones al debido proceso, obstruyendo el derecho a la comunicación con sus abogados y su pareja, Pascuala”. 

En un pronunciamiento conjunto manifestaron que “el trasfondo de esta detención es la lucha por la exigencia de justicia impulsada por Pascuala y Mario por la ejecución de su hijo Mateo Gómez López, ocurrida el 3 de febrero de 2021, que se dio tras un proceso de intimidación, hostigamiento y la oposición de parte de Mateo de ser reclutado por un grupo delincuencial que opera en el municipio de San Cristóbal de las Casas”. 

Explicaron que debido a la lucha que Mario y Pascuala mantienen en su comunidad y en la exigencia de justicia por el crimen de su hijo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó la Medida Cautelar número 892-22 desde el 26 de enero de 2023, que ordena implementar medidas de protección para la defensora Pascuala López y su familia. 

“Pascuala también es beneficiaria de las medidas de protección Caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), debido a diversas violencias que emanan desde grupos criminales locales, hasta estructurales vinculadas con la administración y procuración de justicia, que lejos de acatarse a los protocolos de actuación con perspectiva de género y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, han empleado contra ella una violencia misógina heteropatriarcal y racista”. 

Para las ONG, el caso de Mario y Pascuala, “es un ejemplo de cómo la población civil queda en medio de la violencia generada por la disputa de los territorios entre grupos delincuenciales, que acarrea amenazas constantes, hostigamientos, acoso, intimidación, hasta violencia física y sicológica”. 

Aseguraron que, con las acciones implementadas para combatir la criminalidad, “la situación en Chiapas es compleja y preocupante”. 

En cuanto a la defensa de los derechos humanos impulsada por Mario y Pascuala “tiene como característica central la exigencia de que las autoridades del estado de Chiapas investiguen, den con el paradero y castigue al autor o autores materiales del hecho, a quienes también se les ha señalado de manera directa”. 

Al exigir la liberación inmediata de Mario Gómez López, garantizando el respeto irrestricto a sus garantías judiciales y en general del debido proceso, las organizaciones de derechos humanos afirmaron que “la detención de Mario responde a una represalia directa por los señalamientos a los grupos criminales responsables del asesinato a su hijo. 

“También pone en alto riesgo la vida e integridad personal tanto de Pascuala como del propio Mario a quien se le acusa de ser una de las personas que llevó a cabo las quemas de casas el 17 de abril de 2023 en la comunidad Santa Cruz, pero se omite que dentro de las viviendas afectadas está también la de Mario y Pascuala, hechos que no han desembocado en la identificación de quienes cometieron el delito, así como tampoco en investigaciones que profundicen en los hechos”.