TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– Miles de católicos de las Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez sumaron sus voces en una marcha-peregrinación para reclamar al gobierno: “¡Detengan este sistema de muerte!”, que en Chiapas ha ocasionado el desplazamiento forzado de la población, y “no solo a los que han tenido que huir de sus comunidades, sino también a los que han sido masacrados impunemente por negarse a colaborar con criminales o ser extorsionados”.

La movilización, que fue encabezada por los obispos de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, quien también es administrador apostólico de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, y los obispos Luis Manuel López Alfaro y José Luis Mendoza Corzo, responde a la necesidad de visibilizar a las víctimas de la violencia en el estado, que muchas veces son silenciadas minimizadas e ignoradas por aquellos que tienen en sus manos el poder de actuar para impedir estos sufrimientos, señaló la provincia eclesiástica de Chiapas en un comunicado.

Acompañados por los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, los fieles con banderas blancas, cánticos religiosos y música tradicional de los pueblos originarios partieron a las 10:00 horas del oriente de oriente de la ciudad, donde se localiza el santuario al Papa Juan Pablo II, y después de caminar por la principal avenida, concluyeron con una celebración en el centro, en la Catedral de San Marcos.

“Que se toquen el corazón, que caminen las comunidades, que hablen con las víctimas de las violencias que sí existen, nosotros los podemos llevar donde están las víctimas para que se cercioren. El reclamo que estamos haciendo es que dejen la indolencia, la indiferencia y que puedan atender de manera integral el retorno a las familias con seguridad, con justicia, con paz”, dijo a la prensa el sacerdote Gilberto Hernández García.

Las tres diócesis de Chiapas manifestaron que, desde finales de 2023, han venido señalando el incremento de la violencia por los cárteles que se disputan el territorio en la frontera con Guatemala, lo que ha ocasionado desplazamiento forzado de la población de su lugar de origen hacia otros municipios del estado, como a la zona Sierra e incluso hasta refugiarse en el país vecino de Guatemala.

La iglesia católica sostiene que la violencia generada por los grupos del crimen organizado ha ido avanzando considerablemente en varios municipios de Chiapas: Frontera Comalapa, Chicomuselo, Bellavista, Siltepec, Amatenango de la Frontera, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Motozintla, Ángel Albino Corzo, La Concordia, Villa Corzo, Villaflores, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Benemérito de las Américas, Frontera Corozal y Palestina del municipio de Ocosingo, Tila, Altamirano, Oxchuc, Pantelhó, Chenalhó, solo por mencionar algunos municipios donde se ha agudizado la violencia que se manifiesta con constantes enfrentamientos y la gente vive aterrorizada.

Durante la marcha, los fieles de pueblos originarios se pronunciaron en contra de las otras violencias, los “megaproyectos de muerte”, y criticaron que el gobierno del estado no reconozca el desplazamiento forzado originado por la violencia que imponen los cárteles, “solamente habla de personas en situación de vulnerabilidad, como si la violencia fuera causada por un desastre natural”.

“Declaramos que la causa de esta violencia se origina por los intereses que impulsa la construcción de una infraestructura de despojo de los bienes naturales y servicios de los pueblos originarios, promovida a través de megaproyectos como la minería, la extracción de petróleo, la construcción de puentes y supercarreteras, la privatización del agua y otros bienes naturales”.

Así como también favorece una economía ilícita mediante el tráfico de migrantes, drogas, armas entre otros. Esta economía desarrollista, manifestaron, requiere de tierras y territorios libre de pobladores, por lo que está dejando pueblos vacíos en zonas de conflicto.

En rueda de prensa posterior a la marcha-peregrinación, los obispos y sacerdotes de la provincia eclesiástica de Chiapas insistieron en que el aumento exponencial de la inseguridad ha incrementado los asesinatos y las desapariciones forzadas en las comunidades. Además, que las personas son utilizadas como escudos humanos en los enfrentamientos de los cárteles, por lo que las familias viven en situación de esclavitud al no poder transitar libremente por sus comunidades, ya que carecen de alimentos y servicios básicos.

Además, son obligados para estar en los retenes llamados “filtros” que los cárteles mantienen en las comunidades como medida de control y se tiene que pagar una cuota obligatoria en caso de no poder estar en dichos filtros. Por ello, ante la incertidumbre y el temor de lo que pueda pasar, los habitantes huyen de su comunidad, teniendo que dejar todo su patrimonio por la desaparición y muerte de sus familiares.

“La historia los juzgará por su indolencia”

Los obispos y sacerdotes de Chiapas cuestionaron duramente la política de seguridad del gobierno, consideraron que aún están a tiempo para dar respuestas que lleven a eliminar las raíces que generan este sistema de muerte, porque de lo contrario, “la sangre de las y los hermanos muertos ante su indiferencia cómplice, los perseguirá inquietando lo que les quede de conciencia”.

Señalaron que, durante su experiencia de acompañamiento a las víctimas de la violencia, “que ha implicado escuchar, rezar, llorar e indignarnos con ellas, es lo que hace estar junto con nuestra fe, nos dan la fuerza para plantarnos delante de las autoridades para decirles, para pedirles encarecidamente: ¡detengan este sistema de muerte! ¡La historia los juzgará por su indolencia, por la incapacidad de proteger la vida de los inocentes!, ¡estarán en la memoria de los pueblos pobres como parte de sus verdugos!”

Al advertir que seguirán con sus acciones de denuncia contra la cultura de muerte, la provincia de Chiapas mostró su disposición para seguir aportando “nuestros esfuerzos para reconstruir el tejido social tan dañado en nuestro estado. Contamos con la fuerza que imprime en nosotras y nosotros La Ruah: fuerza del Espíritu que impulsó a Jesús, misma que nos inspira y mueve a buscar creativamente los caminos de La Paz y de la Reconciliación”.

Finalmente, demandaron a los tres niveles de gobierno que tienen principalmente la responsabilidad de velar por la seguridad de todas las y los ciudadanos, de consolidar el estado de derecho, el respeto a los Derechos Humanos y colectivos (educación de niñas y niños, acceso a la alimentación, el libre tránsito, entre otros), así como el establecimiento del orden social sin poner en riesgo a la sociedad civil, la desarticulación y el desarmen inmediato de los grupos criminales.

Así como también la recuperación del territorio para que las familias de la región estén en su propia tierra, la trabajen con normalidad y vivan con seguridad, paz y tranquilidad, ya que la gente no podrá regresar mientras los grupos criminales sigan en el territorio.