TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- En Chiapas, en los últimos tres años han desaparecido unas mil personas y muchos de los casos están estrechamente vinculados a la disputa entre grupos delictivos por el control del territorio, y que las autoridades desatienden o niegan la problemática, señalaron colectivos y familiares en el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada que se manifestaron en la capital chiapaneca y en San Cristóbal de las Casas para exigir la aparición de sus seres queridos.  

En San Cristóbal de las Casas se llevó a cabo una concentración que organizaron comités de búsqueda de personas y organizaciones, mientras que en la capital, familiares de víctimas de hombres y mujeres desaparecidos llevaron a cabo una caminata que culminó en la explanada del palacio de gobierno.  

“En Chiapas, la violencia desbordada por la lucha de control territorial entre grupos delictivos locales y transnacionales ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos tres años”, aseguraron en un pronunciamiento conjunto el Grupo de Trabajo contra la Desaparición en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. el Comité Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes Desaparecidos “Junax Ko’ntantik”, Melel Xojobal. Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes. 

Esta situación, subrayan, “ha causado muerte, desplazamiento forzado, y un constante clima de miedo y amenazas de desapariciones, reclutamiento forzado y trata. 

“Ante esto, cientos de personas huyen y buscan refugio en otras comunidades, municipios o países, y frecuentemente optan por migrar. A pesar de la gravedad del problema, los gobiernos estatal y federal siguen negando y minimizando la situación, convirtiéndose en cómplices y responsables de esta violencia.”

Las organizaciones que han mostrado su solidaridad con las familias de víctimas señalan que, en la entidad, las desapariciones tienen múltiples causas y sus efectos se entrelazan con otros factores de exclusión, como empobrecimiento, violencia y falta de acceso a la justicia. 

“En Chiapas, la desaparición está estrechamente vinculada a la disputa entre grupos delictivos por el control del territorio, mientras las autoridades desatienden o niegan el problema. En medio de esto, las familias chiapanecas continúan buscando a sus desaparecidos y las personas migrantes, tanto nacionales como internacionales, enfrentan riesgos al transitar por México. La desaparición se utiliza con fines de trata, reclutamiento forzado y es también una expresión de la violencia feminicida y una amenaza contra defensores de derechos humanos”.

De acuerdo con el seguimiento que llevan de los casos, entre 2018 y 2023 la Fiscalía General del Estado registró 201 carpetas de investigación, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportó 810 desapariciones en el mismo periodo. 

“Solo en el primer semestre de 2024, el RNPDNO ha registrado 632 desapariciones. En el mismo año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha atendido seis casos con diez personas desaparecidas en municipios afectados por la violencia como son Bellavista, Ocosingo, Osumacinta, San Cristóbal de Las Casas y Tila”.

Además, la desaparición de migrantes, tanto nacionales como internacionales, en su tránsito por México sigue siendo preocupante. Actualmente hay mil 653 migrantes desaparecidos originarios de Chiapas, Guatemala, El Salvador y Honduras; 60 de ellos siguen sin ser localizados. Ante esta situación, las autoridades siguen sin atender las demandas de las familias organizadas. ¡No atender y dar seguimiento a las demandas de las familias es otra forma de complicidad!, denunciaron las ONG.

Desaparición de menores 

Por otro lado, exponen que en los últimos seis años la desaparición de niñas, niños y adolescentes se ha intensificado. Según el RNPDNO, el 44 por ciento de las desapariciones en el estado son de este grupo poblacional. 

De acuerdo con esta misma fuente, entre enero y junio de 2024 se reportaron 217 desapariciones de este grupo, aunque Melel Xojobal y REDIAS, basados en la Alerta Amber, registraron 234, lo que indica un posible subregistro de los datos oficiales.

“Desde 2020 hasta el 30 de junio de 2024 se han documentado dos mil 350 desapariciones de niñas, niños y adolescentes en Chiapas, siendo el 70 por ciento adolescentes mujeres. Los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas concentran el 44 por ciento de estos casos, con San Cristóbal destacándose por tener la mayor tasa de desapariciones, lo que indica un alto riesgo para las niñeces en ese municipio”.

Las organizaciones denunciaron que, “a pesar de la gravedad del problema, las familias enfrentan la indolencia de las autoridades y dificultades para acceder a la justicia. ¡No atender la desaparición de niñas, niños y adolescentes de manera inmediata, atendiendo el interés superior de la niñez, es otra forma de complicidad!”.

Lamentaron que a pesar de las alarmantes cifras de desapariciones en Chiapas, las autoridades muestran nulo interés en investigar las causas y detener esta tendencia creciente. 

“Más preocupante aún, existe una tendencia sistemática de minimizar la magnitud del problema. Un claro ejemplo es la creación del censo alternativo por parte del gobierno federal, cuestionando los datos del RNPDNO y evidenciando un intento de “desaparecer desaparecidos”. Esto se suma al desmantelamiento del Sistema Nacional de Búsqueda y la inoperancia de los sistemas estatales. Negar y ocultar la problemática es otra forma de complicidad”.

Indolencia de las autoridades 

Las ONG han documentado que las familias que denuncian desapariciones enfrentan respuestas vagas o la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.

“A menudo se clasifica el caso incorrectamente o se niega la recepción de denuncias, lo que resulta en un subregistro sistemático. Las investigaciones de desapariciones en otros estados suelen quedar en papel y existe una falta de comunicación y acción por parte de las autoridades, especialmente en casos de migrantes chiapanecos. Además, los casos vinculados a traficantes de personas a menudo se enfrentan a la indiferencia de las autoridades. ¡Negar el acceso a la justicia es otra forma de complicidad!”.

El acompañamiento cercano a las familias de personas desaparecidas también revela la gravedad de la situación y la indolencia de las autoridades. Las familias indígenas enfrentan discriminación, las mujeres sufren violencia de género y las familias empobrecidas tienen dificultades para movilizarse, destaca el informe de las organizaciones. 

En el escrito titulado “En ruta hasta encontrarles”, las organizaciones enfatizan que persiste la falta de interés en buscar a las personas desaparecidas durante la política contrainsurgente de los años 90, “con 37 casos documentados de año 1995 al 2000 sin avances en la búsqueda, perpetuando la impunidad. Las estructuras criminales que desaparecieron personas en ese tiempo heredaron esta práctica a otros grupos que hoy la utilizan para dirimir conflictos, como en el caso de Aldama, Chenalhó, Chalchihuitán, Pantelhó, Tila. ¡Negar los hechos y ocultarlos es otra forma de complicidad!”.

Denuncian que la creación del Consejo Estatal Ciudadano en Chiapas, establecido por la Ley en materia de Desaparición, sigue sin concretarse a pesar de ser una instancia necesaria para garantizar que las necesidades y opiniones de las víctimas sean consideradas.

Insistieron: “La desaparición en Chiapas existe y es preocupante su exponencial aumento. Algo que ocurre en un contexto de violencia exacerbada por el conflicto entre organizaciones criminales, como ocurre, entre otros, en los municipios de Berriozábal, Trinitaria, Frontera Comalapa o Chicomuselo. 

“En esos casos la población es objeto de amenazas, daños físicos y materiales, asesinato, desaparición, desplazamiento forzado. Queremos denunciar que no podemos permitir que la desaparición, tanto en los casos de personas migrantes, niñez y juventud o en los municipios, se convierta en un recurso criminal ante los ojos cómplices de las autoridades estatales y federales”, apuntaron.