CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un grupo de padres de los 43 encabezado por el exvocero Felipe de la Cruz desconoció la representación legal de los abogados del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra y Santiago Aguirre Espinosa.

El anunció se da a un mes de cumplirse 10 años de la masacre de tres estudiantes, tres civiles y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos ubicada en la hacienda de Ayotzinapa en Tixtla, Guerrero.

El crimen fue perpetrado en la ciudad de Iguala por policías municipales y sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos, con la presencia de policías estatales, federales y soldados del Ejército.

Felipe de la Cruz Sandoval es padre de un estudiante sobreviviente, pero se asumió como vocero de los padres de las víctimas; en 2021 fue vetado del movimiento al registrarse como precandidato de Morena a diputado federal plurinominal.

Hace dos años, llevó a los familiares de las víctimas con el empresario Pedro Segura Valladares, primo de Francisco Salgado Valladares, quien fuera subdirector de la policía de Iguala la noche de la desaparición de los jóvenes.

Junto al empresario convenció a cuatro padres para marchar al lado de los familiares del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, para exigir la excarcelación del matrimonio al considerar que no son responsables de la desaparición de los estudiantes.

Este año, a la par de la ruptura con las madres y padres, así como con su representación legal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fortaleció al grupo disidente y nombró interlocutor válido para el caso Ayotzinapa a Felipe de la Cruz.

La tarde de este lunes 26 de agosto, en el antimonumento a los estudiantes desaparecidos de Chilpancingo, De la Cruz y un grupo de padres anunciaron el rompimiento con el conjunto representado por el Comité de Madres y Padres de los 43.

Y desconocieron como representantes legales a los abogados del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Santiago Aguirre Espinoza, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

“Se ha decidido desconocer como representantes legales al licenciado Vidulfo Rosales Sierra y a Santiago Aguirre porque definitivamente no están de acuerdo en la forma en cómo han llevado a cabo todo este movimiento.

“A casi 10 años seguimos patinando en lo mismo, no podemos avanzar cuando hay la voluntad del presidente (Andrés Manuel López Obrador) en las demandas que se le han planteado”, dijo el coordinador.

Aseguraron que son 19 las madres y padres que conforman el nuevo grupo y que pedirán a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas abogados para que los representen ante el gobierno federal.

Felipe de la Cruz justificó que desde hace varios meses el presidente puso en la mesa los documentos (del Ejército) para que los abogados busquen un grupo de expertos para que vayan a revisar y saquen la información para realizar las investigaciones contra la institución, pero que los abogados del caso han hecho caso omiso. 

Luego, acusó que los abogados ocultan información a los padres.

“Por ejemplo, en la última reunión que tuvimos con el presidente se llegó al acuerdo de que se iba a abrir el 27 batallón, que era una demanda añeja que los padres siempre habían buscado y exigido y hoy que se abren las puertas (no acuden) únicamente porque el abogado Vidulfo no le parece”.

Dijo que el grupo representado por Rosales Sierra ha negado la entrada a las reuniones a Inés Gallardo, mamá del finado Daniel Solís Gallardo, porque su hijo falleció esa noche.

Aseguró que, a 10 años, los abogados de los padres no han hecho una denuncia en contra de los involucrados como el exjefe de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; el ex secretario de Gobernación Osorio Chong y el ex presidente Enrique Peña Nieto.

En la conferencia de prensa dos madres que ingresaron el 1 de agosto pasado al 27 Batallón del Ejército en Iguala a buscar a sus hijos aseguraron que no encontraron nada.

“Nada, pues ya son casi 10 años, eso era al principio, ya ahorita no encuentra uno nada. Simplemente que los padres lo solicitaron y no se presentaron”.

PIE. Felipe de la Cruz y el grupo de padres que desconocieron la representación legal del caso Ayotzinapa. Foto cortesía Jesús Dorantes.