OAXACA, Oax. (apro).– Habitantes de San Juan Bautista Cuicatlán encarcelaron a su presidenta municipal, Maricel Mariscal Gaytán, y a otros integrantes de su cabildo por un presunto desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, integrantes del cabildo municipal de Cuicatlán aclararon que “la realidad es que se les privó de la libertad por no ceder a chantajes de un grupo de ciudadanos que, mediante el uso de la violencia y presión, exigen recursos económicos en efectivo, al margen de la Ley, sin que sigan los trámites y procedimientos para la asignación de obras públicas municipales”.

Aunque la presidenta municipal fue privada de la libertad desde las 23:30 horas de este miércoles 17 de julio, según se difundió en las redes sociales a través de un video y fotografías, es la hora que el gobierno estatal no se ha pronunciado al respecto.

En el video se observa tras las rejas a Maricel Mariscal Gaytán, quien lleva gobernando cinco años el municipio de San Juan Bautista Cuicatlán al ganar la elección de 2019 a 2021 a través de la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza, y posteriormente extendió su mandato al reelegirse con la alianza Va por México, integrada por el PRI-PRD y Nueva Alianza.

#Nacional | La madrugada del jueves, habitantes de #Cuicatlán, Oaxaca, encarcelaron a la presidenta municipal, Maricel Mariscal Gaytán, en los separos municipales ???. La acusan de enriquecimiento ilícito tras 5 años en el poder. ???????. pic.twitter.com/jAekIGWrnV

— Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) July 18, 2024

En el video se escucha a los inconformes que le quiten el teléfono a Maricel Mariscal Gaytán, que pague sus tres mil pesos de multa y que la pongan a barrer las calles de población, como se castiga a la ciudadanía.

Cabe mencionar que, además de Maricel Mariscal, fueron encarcelados el regidor de Obras, Ismael Playas Ramos; el tesorero Luis Alberto Alcázar Chacón, y la secretaria municipal, Fátima Jocelyn Mariscal Sandoval.

Cabe recordar que esta es la segunda ocasión que la presidenta municipal es encarcelada, ya que el 17 de abril de 2024 la privaron de su libertad por la falta de servicio de agua potable.

Por su parte, integrantes del cabildo municipal de Cuicatlán calificaron de falsa la información que ha sido difundida en diversos medios de comunicación en el sentido de que la privación de la libertad fue por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.

La realidad, aclararon, es que se les privó de la libertad por no ceder a chantajes y por defender los recursos económicos del pueblo.

Detallaron que “el 17 de julio pasado, aproximadamente a las 22:30 horas, un grupo de personas que eran encabezadas por Rigoberto Gómez Vigil, María Guadalupe Cruz Castillo, Anahí Castelán Ortiz, Ubaldo Mariscal Vigil, Lázaro Durán López, Eréndira Vigil Lara, Mariana Ballesteros Marino, Jovita Trovamala, Etzain Limón, Alejandro Ambrocio Vega, Fernado López López, Maria Guadalupe Cruz Castillo, René Castillo, Hernán Mariscal Aguirre y otros, accedieron al Palacio Municipal para solicitar que se le asignen recursos económicos a los supuestos Barrios del Municipio de Cuicatlán, que dijeron representar, exigiendo que a esa hora se les entregaran los recursos en efectivo”.

Luego que la presidenta les explicó que la priorización de obras está sujeta a la aprobación de diversas instituciones del Gobierno del Estado y que los recursos económicos son ministrados por la Secretaría de Finanzas en forma mensual a los municipios, los inconformes no entendieron razones y agudizaron sus actos de violencia. 

Inmediatamente, los inconformes empezaron a gritar “métanlos a la cárcel para obligarlos a que nos den el dinero”, y comenzaron a realizar actos de intimidación y a ejercer violencia física y verbal en contra de los funcionarios municipales que atendieron la mesa de diálogo. Acto seguido, tomaron por la fuerza a los hoy “retenidos” y los condujeron a los separos de la cárcel municipal, encerrándolos, y les dijeron que no los iban a dejar salir hasta que les entregaran los recursos económicos que solicitaron.

Aunque solicitaron la intervención del gobernador Salomón Jara y del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, no hay una postura oficial.