PACHUCA, Hgo. (apro).- El síndico municipal de Tasquillo, Hidalgo, Emiliano Martín García, se encuentra en estado crítico tras un accidente automovilístico cuando se dirigía a Pachuca para una diligencia. Su familia denuncia que el ayuntamiento se ha negado a subsidiar gastos médicos y que la terapia intensiva la cubre el seguro contratado para el vehículo, propiedad del ayuntamiento, que se hizo válido por el percance, pero cuyo monto está por agotarse.

El 20 de junio, el funcionario, de 25 años, se accidentó en un tramo a la altura de La Lagunilla, en el municipio aledaño de San Salvador. El vehículo, declarado pérdida total, quedó destrozado y el pasajero con lesiones de gravedad que implicaron hospitalización de emergencia, con estado de salud reservado.

“Él sigue en terapia intensiva. Hasta ahora, dentro de la gravedad que él tiene, lo mantienen estable. El día de antier le hicieron una cirugía a las seis de la tarde. Gracias a Dios salió bien de eso, pero ahora queda ver cómo reacciona después, ya que también sufrió golpes en la cabeza, en la parte de la pelvis; le salieron hematomas, tienen que estar viendo que el hematoma no se le vaya a reventar y haga una hemorragia por dentro, (porque) si no ocuparía otra cirugía en la cabeza”, informó Naydelin González Vicente, esposa del funcionario.

La cónyuge asegura que la alcaldesa Estela Martínez San Juan –nombrada por el Congreso del estado en junio de 2023 para concluir el periodo 2020-2024 tras los fallecimientos de dos antecesoras y la remoción de un edil sustituto– le notificó que no hay recursos para cubrir la terapia intensiva, además de que, aseguró, le reclamó la elección de nosocomio, lo cual, remarca la familiar, fue necesario ante la falta de especialistas médicos en la región del Valle del Mezquital.

“En Ixmiquilpan (sede del Hospital Regional) nos dijeron que lo tendrían en terapia intensiva, pero teníamos que esperar hasta que llegara un especialista, para verlo. Lo que sí nos decían es que él estaba muy grave y lo que ellos nos recomendaban era sacarlo lo antes posible de ahí, porque no iba a aguantar mucho”, rememoró.

Por esa razón, añadió, decidieron trasladarlo a la clínica privada Intermédica, donde fue atendido, inicialmente, por seis especialistas. Actualmente, es supervisado por cuatro, debido a la gravedad de sus lesiones y posibles daños en diferentes órganos.   

Hasta el corte de ayer, el saldo a pagar era de 237 mil 446.93 pesos, de 300 mil que abarca el seguro. Sólo en material de curación y medicamento, el gasto asciende a 107 mil pesos, con base en el estado de cuenta facilitado por los familiares, que no incluye honorarios médicos. Ante esta situación, pidieron la intervención del gobierno de la entidad para cubrir el monto que salve la vida de su paciente.

De igual forma, mencionó que en el municipio –que inicialmente sí accedió a financiar los primeros estudios– han tratado de deslindar la responsabilidad sobre el viaje, al sostener que no correspondía a funciones del cargo; no obstante, González Vicente posee conversaciones del celular de su esposo –recuperado tras el accidente– en las que notifica sobre la salida a trabajadores del ayuntamiento.

“Lamentablemente ayer nos vinieron con la noticia de que ese seguro (el del auto) ya se va a terminar. Por eso es que nosotros nos estamos moviendo para ver si nos pueden ayudar los amigos, familia, todo eso, ya que aquí la noche arriba (en terapia intensiva) con él, sale alrededor de 60 mil pesos”, expuso.

“Ayuntamiento no nos quiere recibir (…) nosotros hemos estado esperando la respuesta de la presidenta y la verdad es que ella se niega a hablar con nosotros, sólo nos dice que la esperemos, que ella no nos puede dar más dinero, porque el municipio no tiene”, planteó.

Además, comentó que la alcaldesa le ha asegurado que el dinero con el que se financia la terapia intensiva no es por el seguro automotriz, sino que lo aporta el gobierno local, aunque la esposa no lo ve posible, porque, reitera, todo el parte vehicular del municipio debe estar asegurado. Aunado a ello, le han indicado que su cónyuge no entró con un contrato de trabajo, por lo que tampoco pueden apoyarlo.

También, reclamó que entre las pertenencias del síndico supuestamente no se encontró su sello ni documentos laborales, los cuales, asevera, él siempre cargaba en la mochila que utilizaba para su labor, que llevaba consigo. Las pertenencias, especificó, no se las dieron los peritos, sino el ayuntamiento.      

“La presidenta ayer nos dijo, porque hablamos por teléfono, que él no venía a cosas de trabajo, que ni siquiera sabía a qué es lo que venía”, reclamó; sin embargo, asevera que entre los mensajes intercambiados por el síndico con compañeros de trabajo está la mención de que iba para resolver algunos asuntos de emplacamiento de vehículos.