PUEBLA, Pue. (apro).- Raymundo García López, compañero de lucha del presidente Andrés Manuel López Obrador, le escribió una carta al mandatario en la que le pide intervenir para retirar la protección política con la que cuenta el alcalde de Zapotitlán de Méndez, Emiliano Vázquez Bonilla, quien se mantiene impune pese a su presunta participación en una “ejecución extrajudicial”.

En el escrito, el también presidente de Serranos Unidos en Resistencia Indígena señala al gobernador Salomón Céspedes Peregrina y a Julio Huerta, diputado plurinominal electo por Morena, como quienes protegen al edil, aliado del partido guinda, quien ya antes fue señalado por disparar ebrio contra la escuela primaria Juan N. Méndez.

García López fue uno de los principales impulsores en Puebla de la candidatura de López Obrador, cuando éste, en 1996, buscó ser dirigente nacional del PRD y en su escrito le recuerda las reuniones de cuadros que tuvieron en ese entonces en la Sierra Norte poblana. “La gente te estima”, le dice al referir que el hoy presidente ha visitado Zapotitlán “varias veces”.  

En su carta al presidente, recuerda una anécdota ocurrida en el marco de la lucha contra el fraude electoral cometido contra el PRD en la elección de ese municipio y un militante priísta les dijo a bocajarro: “nosotros los priístas tenemos permiso para matar”.

“A la fecha, con el hecho sucedido el 1 de junio pasado, con la ejecución extrajudicial cometida contra una persona que presuntamente era guardaespaldas del candidato del PT a la presidencia municipal, esta mentalidad se mantiene. Pero ahora, los que matan, se identifican como militantes de Morena y se reeditan las escenas políticas de la posrevolución”, agrega.

García López le narra a López Obrador la escena de ese día que el edil participó en este asesinato. “No te imaginas los momentos del pánico de la gente que se encontraba nadando en el contaminado río Zempoala. Balazos por doquier, utilizando armas cortas y largas, reglamentarias de uso exclusivo del Ejército. Personas ajenas al municipio participando en la balacera y chamacos de la comunidad involucrados”.

Expone que este hecho pudo evitarse si la Fiscalía hubiera realizado la investigación que correspondía cuando las madres de familia presentaron una denuncia contra Vázquez Bonilla por haber hecho disparos contra la escuela. Sin embargo, añade, la “carpeta (de investigación) es una verdadera porquería”.

Refiere que cuando las madres de familia abordaron al gobernador Céspedes Peregrina en Zapotitlán, éste se comprometió a revisar la carpeta y mandar psicólogos para atender a los escolares. “Palabrería hueca”, reclama.

“Ahora solo falta que la Fiscalía, con el hecho del 1 de junio, invente que no hubo disparos, ni muerto, ni heridos”, advierte quien fuera integrante de la Corriente Democrática en los tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas y Rodolfo González Guevara.

Ante esta situación, pide que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones de este caso por el uso de armas de uso exclusivo del ejército, que se evidencia en los videos tomados por pobladores ese día.

También, señala como necesario reforzar la investigación con estrategias de inteligencia, pues advierte que la disputa no sólo es por el presupuesto de ese municipio, sino por su posición estratégica “por el tránsito de personas y mercancías”.

Igual, le solicita al presidente “con carácter de urgencia” enviar protección federal a Zapotitlán, ante el riesgo que viven los pobladores de sufrir atentados contra su vida, “como lo demuestra” el incendio a la casa del fallecido Marcos Vázquez Nieto, padre de la activista María Guadalupe Vázquez Rivera y la “presencia de personas fuertemente armadas en los alrededores de la comunidad”.

“NO confiamos en el gobierno del Estado ni de su Secretaría de Seguridad Pública, ni mucho menos en la Policía Municipal”, recalca.

ORGANIZACIONES SE SUMAN

También, organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, productoras y defensoras de los derechos humanos en la Sierra Nororiental dieron a conocer este día una carta dirigida al presidente López Obrador, y al gobernador  Salomón Céspedes Peregrina, en la que exigen investigar la participación de Vázquez Bonilla en el asesinato de Ramón Malagón García, así como en el incendio de la casa de María Guadalupe Vázquez Rivera.

Las organizaciones piden evitar que siga “escalando la violencia” que se vive en Zapotitlán de Méndez, a raíz del proceso electoral, en la cual hay “claras evidencias” de la participación de Vázquez Bonilla y que éstas han sido ampliamente difundidas en los medios de comunicación.

“Nos llena de indignación el ver que a pesar de que los actos de violencia son tan evidentes, no se tenga una reacción clara y contundente de las instituciones involucradas en procurar la seguridad. Es por esto que emitimos el presente comunicado, para exigir se actúe de forma pronta y expedita en este caso. Responsabilizamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno, por cualquier otro atentado que pueda suceder al pueblo de Zapotitlán”, dice.

Este escrito es firmado por el Consejo Tiyat Tlali, la Unión de Cooperativas Tosepan, el Consejo Regional Totonaco, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl y la Organización Indígena Totoca, el Consejo Maseual Altepet Tajpianij, la Unión de Ejidos y Comunidades, el Movimiento Atzin, Servicios Ambientales Amelatzinhualahtoc A.C, el Centro de Estudios Ecuménicos y el Consejo en Defensa de Nuestro Territorio.