TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- Han pasado 11 días desde que miles de habitantes del municipio de Tila, se desplazaron huyendo de la violencia provocada por grupos armados organizados, por lo que la desesperación han empezado a ser presa de ellos, muchos se sienten “arrimados” en el municipio de Yajalón, al cual llegaron el pasado 7 de junio con pocas pertenencias.

“Si en los próximos días no hay solución para el retorno, iremos a la conferencia mañanera, vamos hacer un plantón en el Zócalo, incluso iniciar una huelga de hambre frente a Palacio Nacional porque, la verdad, no podemos entrar al pueblo con gente amenazándonos todo el tiempo”, advirtió uno de los desplazados en un noticiero de radio.

“Si la gente regresa a sus casas, va a volver pasar lo mismo, y más grave que antes, porque ya ha sucedido como cinco veces, ya que siguen las amenazas de Los Autónomos de sacar a toda la población de Tila”, aseguró.

El desplazado junto con su familia manifestó su pesar por los hechos violentos registrados del 4 al 7 de junio, donde civiles armados que los desplazados identifican como “los autónomos”, quemaron 17 casas y comercios, vandalizaron e incendiaron 21 vehículos dejando un saldo de tres personas muertas. Ese día mataron a un carnicero Carlos Hernández, quien se encontraba en su negocio; “fue mi compañero en la preparatoria, e hirieron a dos de sus compañeros”.

En entrevista telefónica la persona desplazada comentó que “la situación en Tila, sigue muy crítica; continúan las amenazas de muerte en contra de los desplazados, por lo que no hay garantías para regresar, los criminales siguen sueltos y armados y lo peor de todo es que, todos sabemos dónde están y el Ejército y la policía no hacen nada”.

Narró que, en otras ocasiones, “ha pasado que llegan los militares, se quedan uno o dos meses, se van o los corren los mismos Autónomos y otra vez comienzan los problemas y las agresiones”.

Del conflicto, los habitantes responsabilizan también al presidente municipal Limber Gutiérrez Gómez que, junto con su esposa, Sandra Luz Cruz y sus familiares, ha gobernado el municipio 21 años, con las siglas del Partido Verde Ecologista de México.

A 11 días del éxodo masivo Tila permanece desolada

“Queremos voluntad política del gobierno en sus tres niveles para resolver el problema porque se puede, pero no quieren. La postura del pueblo es no regresar mientras no haya garantías para todos”, señalaron integrantes de la Comisión negociadora, los que, de acuerdo a sus cifras, son entre 10 mil y 12 mil los desplazados, muchos de ellos se encuentran dispersos en municipios vecinos.

La comisión explicó que hace unos días fueron al pueblo; pero “constatamos que no existen las condiciones de seguridad para el retorno. Las calles están desoladas. No está entrando ninguna empresa comercial. Las distribuidoras de agua no están llegando. Las fruterías y tiendas de abarrotes están cerradas. En las calles sólo hay perros”.

Además, que integrantes del grupo de los autónomos que no salieron y no tienen para comer, les están llevando víveres de la Secretaría del Bienestar. De acuerdo con la comisión cuyos nombres piden no sean revelados, en Tila “a pesar de la presencia de los militares, la Guardia Nacional, y de los policías, el grupo armado de los autónomos saquearon el martes pasado una farmacia de Similares, estando ahí las fuerzas de seguridad”.

Los desplazados señalan que ninguno de los cabecillas de los Autónomos ha sido detenido. Entre los seis que fueron detenidos el 8 de junio, sólo dos están involucrados, los otros cuatro sólo apoyaban, no son los autores intelectuales.

El martes de la semana pasada llegaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación a Yajalón para entrevistarse con los desplazados, fue un “primer acercamiento, con el fin de organizar el retorno de los desplazados, pero las cosas no son como ellos piensan, que en tres días se podía resolver el problema; no, es muy complejo, necesitamos seguridad y que se aplique la ley”.

Los funcionarios les ofrecieron programas del Bienestar, por lo que instalaron todos los servicios en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach); para atención para becas y programas; el gobierno de Chiapas envió unidades médicas. 

Los desplazados dicen que no rechazan los programas, los agradecen; “somos los primeros que hemos pedido que los programas de adultos mayores se paguen en la cabecera municipal de Tila y no en Petalcingo que está a 20 minutos, porque los Autónomos no permiten que se paguen en el pueblo, y el gobierno nunca ha negociado con ellos”.

El ofrecimiento de pagar los programas sociales en la cabecera municipal, dicen, “era un gancho para que la gente retornara; pensaron que la gente se iría por los programas y no, no hay las condiciones de seguridad. El gobierno del estado nos ha mandado mucha ayuda y se la agradecemos, pero nuestra prioridad es la seguridad”.

La Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU), agrupación que aglutina a especialistas en temas de justicia indígena y derechos de los pueblos indígenas, pidió a las autoridades federales y estatales “realizar una investigación a fondo sobre los acontecimientos recientes basada en los testimonios de la población desplazada que llegue a determinar las causas del problema y a establecer los mecanismos necesarios para su solución, así como la rendición de cuentas de las personas responsables”.

Manifestó su preocupación por los hechos ocurridos en Tila, cuyos habitantes “vivieron el 4 de junio una noche de terror que dio como resultado el desplazamiento forzado de más de 7 mil personas, que ahora se encuentran viviendo en condiciones precarias en albergues de Yajalón, Petalcingo y El Limar, sin que existan condiciones para el retorno a sus hogares”.

Frente a la situación de violencia acontecida en Tila y en otros municipios Chicomuselo, Chenalhó, Pantelhó, Frontera Comalapa y La Concordia, la ongs demandó salvaguardar la integridad y los derechos de todos los chiapanecos(as), pues es deber constitucional de los tres órdenes de gobierno garantizar la libertad, la paz y el orden públicos de todos los ciudadanos y ciudadanas, en particular de la población más vulnerable en Chiapas y el resto del país.