CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Alrededor de 3 mil internos de ocho centros penitenciarios del Estado de México iniciarán el miércoles 10 de abril una huelga de hambre indefinida en protesta por “la crisis alimentaria, falta de agua y medicamentos” que prevalecen en las prisiones mexiquenses, anunciaron la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos.

En conferencia de prensa, representantes de ambas organizaciones informaron que a la huelga de hambre se sumaran familiares de las personas privadas de la libertad fuera de las prisiones de Otumba, Chalco, Barrientos, Chiconautla, Neza Bordo, Texcoco, Santiaguito, Tenancingo, Tenango del Valle y Sultepec, en tanto que un contingente hará lo mismo frente a Palacio Nacional.

De acuerdo con las organizaciones, el origen de la crisis alimentaria dentro de los penales tiene un origen en el cambio de gobierno y en la disputa del negocio que representa la concesión de la alimentación de los reos en el Estado de México.

El presidente de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, José Humbertus Pérez Espinosa, denunció que en la disputa por el negocio de la alimentación está la empresa La Cosmopolitana, y la nueva administración de Delfina Gómez, dejando en el desamparo a las más de 35 mil personas privadas de libertad que se encuentran en los penales mexiquenses.

Pérez Espinosa, quien estuvo encarcelado cuatro años injustamente y quien participará en la huelga de hambre en el Zócalo, denunció que a partir de la llegada del actual secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Téllez, “se incrementaron las violaciones a los derechos humanos, como son la falta de alimentación, negarles el derecho a la salud, el aumento de la impunidad, la tortura, los asesinatos, las extorsiones”.

De acuerdo con el también abogado, desde la llegada de Delfina Gómez Álvarez, unos 50 presos han sido asesinados, de los cuales 14 estarían identificados con la organización que preside y que han protestado por las condiciones inhumanas en que viven en los penales mexiquenses.

Sostuvo que de las más de 35 mil personas que están en las prisiones de la entidad, unas 16 mil 200 deberían ser puestas en libertad por haber cubierto entre el 50% y el 70% de sus condenas, pero que se mantienen en reclusión “por el negocio que significan las 114 mil dietas alimenticias que hay en disputa”.

Contó que, si bien las condiciones alimentarias no eran las mejores durante el gobierno priista de Alfredo del Mazo, empeoraron a partir de enero de este año, bajo el argumento de que “el dinero que había para alimentación fue desviado a las campañas del año pasado”.

Denunció que el titular de la Secretaría de Seguridad, Andrés Andrade Téllez, fue destituido del Centro Nacional de Información (CNI) durante la gestión de Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acusado de haber “filtrado información a grupos criminales”, y que como funcionario de Delfina Gómez “no destruyó la estructura corrupta de más de 26 años en los centros de reclusión mexiquense, donde los homicidios los hacen pasar por enfermedades terminales o riñas”.

Las familias de presos dan denunciado que se les proporciona “alimentos que están en etapa de descomposición”, no se les proporciona agua potable y se les niega el acceso a atención médica y medicamentos, señalamientos que fueron llevados por la RSDCIAC y Presunción de Inocencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia temática, en la que el Estado mexicano se comprometió a dar las facilidades para la realización de una visita in loco.

María Guadalupe Hernández Rojas y Beda Sarmiento Gutiérrez, integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, agregaron que a las personas privadas de libertad no tienen condiciones para una auténtica reinserción, y que son los familiares quienes tienen que solventar los gastos de alimentación, de medicamentos e incluso de estudios médicos.

“El cuadro básico de medicamentos los compran los propios familiares en la mayoría de las ocasiones, sin embargo, estos medicamentos son robados por el personal de custodia, con la complicad de los directores de los penales y el personal médico, y vendidos por otros internos en el interior de los centros de reclusión”, destacaron las activistas.

Agregaron que dentro de los penales se han detectado enfermedades como tuberculosis, hepatitis y sarampión, acentuándose “la falta de atención médica de las mujeres con enfermedades terminales como cáncer, hipertensión, diabetes, entre otras enfermedades”.

Magdalena López Paulino, representante de la RSDCIAC, informó que la CIDH y la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) están al tanto del inicio de la huelga de hambre en los penales del Estado de México.

“El año pasado hicimos una visita a Ginebra para poner sobre la mesa la crisis de derechos humanos que viven las personas privadas de la libertad, y lo de esa visita y de reunión en la CIDH hemos recibido como respuesta del Estado mexicano la promesa de que se lleve a cabo una visita in loco, que sería después del proceso electoral”, abundó.

La defensora hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a su homóloga en el Estado de México a “estar atentas a cualquier acto de represión por parte de las autoridades penitenciarias contra las personas privadas de libertad que decidan sumare a esta huelga de hambre que tiene como finalidad exigir respeto a sus derechos humanos”.