MEXICALI (apro).– En Baja California han sido retiradas 269 cámaras que no formaban parte de la red de videovigilancia y que presuntamente estaban ligadas al crimen organizado, pero no se realizó la denuncia ni la investigación pertinente por parte del gobierno estatal.

Lo anterior salió a relucir durante la Glosa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCBC) ante el Congreso de Baja California, realizada ayer martes, en seguimiento al Tercer Informe de Resultados de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, titular de la dependencia, aceptó lo anterior durante su participación en la comparecencia, tras el cuestionamiento de la inversión en el equipo por parte de la legisladora panista, Alejandrina Corral Quintero.

La diputada local citó que fueron mil 147 millones de pesos invertidos por el Gobierno del Estado, y que no se había tenido respuesta en cuanto a los avances.

También que durante la administración del alcalde Darío Benítez se habían encontrado estos equipos en el municipio de Tecate, y que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detectaron la misma situación en Mexicali.

“Le pregunté a la fiscal (María Elena Andrade Ramírez) cómo iban todas estas investigaciones y me dice que no se ha abierto ninguna porque la Secretaría a su cargo (de Aguilar Durán) es la que va a determinar el origen de estas cámaras: si eran del crimen organizado, de particulares o de quién”, señaló Corral Quintero.

En respuesta, el secretario de Seguridad Ciudadana detalló que fueron retiradas, pero que ya no las investigaron.

“Quitamos 188 cámaras en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En total 269. Como solamente están implicadas en un delito, hasta ahorita no hemos comprobado cuál delito. Y no hemos nosotros, malamente, hecho una denuncia formal para entablar la investigación respectiva. Me llevo de tarea eso que me está diciendo porque, efectivamente, me quedé corto… procedimos a retirarlas y no replicamos la acción de investigación para irlo acotando más adelante”, dijo el general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán.

Hay 14 comunicadores con protección especial

Como parte de la glosa, también destacó que en la actualidad hay 14 comunicadores dentro del Programa de Protección a Periodistas.

La legisladora Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, cuestionó al secretario sobre “cuánto recurso se está invirtiendo ahí” y “cuántos elementos se tienen”, además de la operación y resultados.

En respuesta, el general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán citó que son 14 personas consideradas en estado de riesgo por su actividad periodística, por lo que son cuidadas por instrucción judicial.

“Son 9 elementos que realizan 14 servicios de monitoreo. No es una seguridad de que están ‘de uno a uno’, sino que están permanentemente atentos por recorridos y seguimiento a los periodistas. No es una escolta que tengan atrás de él permanentemente. Es una atención de servicio de llegar al lugar, recorridos en su casa, vigilancia en sus servicios para garantizar su seguridad”, explicó el funcionario estatal.

Faltan policías en Baja California

Sobre la cantidad de agentes necesarios para la región, el secretario de Seguridad Ciudadana citó que actualmente hay dos mil 164 policías municipales en Mexicali, dos mil 603 en Tijuana, 887 en Ensenada, 173 en Tecate, 273 en Playas de Rosarito, 93 en San Quintín y 55 en San Felipe.

De los estatales, indicó que la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) cuenta con mil un elementos; la Agencia Estatal de Investigación mil 255, y el Sistema Penitenciario dos mil 053, para un total de 10 mil 517 en toda la región.

“De acuerdo con los estándares de la ONU, tenemos que tener 2.8 policías por cada 100 mil habitantes. Actualmente, en Baja California tenemos 3 millones 769 mil 20 habitantes, por lo que estamos muy por debajo del estándar. Requeriríamos 2 mil 111 agentes más para cumplir con los estándares de la ONU a nivel estado y eso impacta en los diferentes municipios y en las finanzas públicas”, comentó el general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán.

En realidad, el estándar mínimo definido por la ONU es de 1.8 policías por cada mil habitantes, aunque la organización también aclara que deben tomarse en cuenta otros factores para determinar la cantidad de agentes necesarios para cada región.

De otras temáticas, el funcionario estatal declaró que únicamente cuentan con cuatro elementos para perseguir los ciberdelitos.

“Porque nos acotamos a un espacio muy amplio, poco legislado, poco conocido y casi nulo perseguido. No existe en la legislación local el ciberdelito”, les hizo ver a las y los legisladores locales.