SALTILLO, Coah. (apro).- Al ser designada fiscal especializada en el Combate a la Corrupción de Coahuila, Karla Samperio Flores aseguró que no tendrá tintes políticos en sus decisiones.

Aunque renunció hace tiempo al Partido Acción Nacional (PAN), laboró en administraciones priistas y fue asesora de Unidad Democrática de Coahuila, partido local hoy aliado al PRI, aún se le relaciona con los albiazules, por lo que su nombramiento recordó los acuerdos establecidos por el hoy gobernador Manolo Jiménez Salinas con el líder nacional panista Marko Cortés para dejar varios cargos a sus militantes.

Samperio Flores fue la responsable del Órgano Interno de Control en la Presidencia de la República durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y, en ese tiempo, su casa fue cateada (marzo del 2009) cuando se buscaba en la ciudad de Saltillo a Sigifredo Nájera Talamantes, alias “El Canicón”, quien fue detenido en otro lugar donde se desprendió el operativo en varias zonas residenciales del norte de Coahuila.

En aquella ocasión, Samperio Flores señaló que las autoridades federales no encontraron indicios de delitos y desconocía a quién se había rentado la residencia por parte de una inmobiliaria.

La designación se hizo de forma unánime por parte de los 25 legisladores locales y pese a que se esperaba alguna observación por la oposición a la alianza formada por el PRI y en PAN en el Poder Legislativo local, ni los diputados de Morena, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo cuestionaron el dictamen de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Para dicho cargo se registraron 12 personas, todas ellas relacionadas con el gobierno estatal, el Poder Judicial, el sistema anticorrupción y a los partidos de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional.

Samperio Flores señaló que su plan de trabajo se basará en la ley y con ello evitará que haya tintes políticos en su desempeño.

“Toda mi vida me he regido por los principios y valores y apegada a la ley. Y vuelvo a repetir de que estoy sujeta a la ley y estoy convencida de que la ley es la que nos debe regir a todos los funcionarios públicos y le pido a los coahuilenses que nos tenga la confianza de que si alguien hizo mal y merece un castigo, pues tendrá el castigo que establezca la ley”.

El resultado de los primeros años en la dependencia ha sido muy cuestionado, ya que los casos más identificados tienen que ver con cuestiones políticas como las detenciones de expresidentes municipales de oposición, como el panista Gerardo “N”, quien luego recobró su libertad. La detención se llevó a cabo después de que se le vio en eventos de Morena y del Partido del Trabajo, particularmente con el hoy diputado federal Ricardo Mejía Berdeja.

Otro caso que fue muy popular fue la detención del líder de la sección 5 del SNTE, José Luis “N”, quien había tenido problemas con Carlos Ariel Moreira Valdés, hermano de los exgobernadores Rubén y Humberto.

Hasta el 2022 se sabía que la Fiscalía Anticorrupción sólo había obtenido una sentencia de más de 700 expedientes y por ello la nueva titular pidió tiempo para revisar los pendientes en las carpetas o judicializados.

“Después de la entrega recepción se podrá conocer y hacer el plan de trabajo más a detalle”, señaló.

La hoy fiscal Anticorrupción renunció al PAN casi de inmediato al terminar la administración de Calderón Hinojosa, después de que en los dos últimos años de dicho gobierno fue delegada de la Secretaría de Economía.

En el 2012 abrió la Notaría, cuyo fiat se lo entregó el exgobernador Enrique Martínez y Martínez, junto con el del hoy diputado federal y excandidato a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas, y al exlíder estatal del PAN, Jesús de León Tello. En ese entonces los tres eran diputados locales y trascendió que las notarías fueron un regalo por no generar conflictos y días después pidieron licencia para no desempeñar el cargo de federatarios.

Tras su alejamiento de las filas panistas, Samperio Flores se acercó al partido local UDC donde fue consultora, de acuerdo al curriculum que se registró en cuando contendió por un espacio en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y cuyo cargo terminaría hasta el 2027.

Entre el 2020 al 2022 fue secretaria técnica en la Junta de Gobierno del Congreso del estado, cuando estaba a cargo de UDC en la legislatura donde por primera ocasión el PRI no tenía la mayoría absoluta. También trabajó en el actual gobierno priista del ayuntamiento de Saltillo, donde fue responsable de la Unidad de Capacitación de Desarrollo Humano.