CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- Mario Gómez Monroy, exsecretario de Educación del Estado en la pasada administración fue vinculado a proceso por el desvío de 8 millones de pesos, que indebidamente utilizó para la contratación de una aseguradora.

Por disposición del juez de control, el acusado llevará su proceso en libertad.

Fuentes de la localidad señalan que Gómez Monroy es primo de Mariana Gómez, esposa del exgobernador albiazul.

La Fiscalía especializada en el Combate a la Corrupción que encabeza Raúl Ramírez Castañeda, informó que el jueves el exservidor público fue procesado por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, al emplear ilícitamente recursos pertenecientes a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, lo que provocó un quebranto al patrimonio del Estado.

“Se expusieron datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes, para lograr la vinculación del servidor público en comento, después de nueve horas de larga audiencia, se logró establecer los hechos que la ley señala como delito y la probable intervención del mismo”, señala el comunicado difundido por la Fiscalía Anticorrupción.

A Gómez Monroy, quien fue funcionario en el sexenio del panista Francisco García Cabeza de Vaca, se le impusieron como medidas cautelares la firma periódica, cada quince días, en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares; y se le prohibió salir del país y se le retiró el pasaporte.

Además, se le ordenó abstenerse de aproximarse a las instalaciones de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, y testigos y a su denunciante por el tiempo que dure el proceso.

El juez estableció tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

“Con lo anterior, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantiene su compromiso permanente con la sociedad para llevar ante el tribunal de justicia a toda persona que haya cometido un hecho que la ley considere como delitos en materia de corrupción”, concluye el comunicado.

Este es apenas un caso judicializado, de las casi 50 denuncias que ha interpuesto el actual gobierno de Américo Villarreal Anaya contra servidores públicos que trabajaron en la administración del panista, del 2016 al 2022.