PUEBLA, Pue. (apro).– La colectiva por el Bienestar Social exhibió que la concesionaria Aguas de Puebla, empresa propiedad de la familia Hank Ron, incumple con el saneamiento de las aguas residuales de la ciudad, pese a que desde hace una década aplica un cargo por ese servicio a los usuarios.

En un recorrido con medios de comunicación, los activistas mostraron que en el río Alseseca, que atraviesa la ciudad y el municipio de Amozoc, existen decenas de descargas clandestinas de aguas municipales e industriales que, en lugar de ser conducidas por colectores hacia las plantas tratadoras, son arrojadas al afluente.

Más aún, enseñaron a los medios de comunicación las evidencias de que las plantas tratadoras que supuestamente opera la concesionaria, realmente no funcionan e incluso recurren a los llamados “by pass”, para desviar hacia el río aguas negras y residuos industriales.

En el caso de la planta tratadora Alseseca Sur, la colectiva mostró que está inoperante y que la contaminación que genera está a la vista con lodos tóxicos regados en la vía pública, donde transitan unidades de transporte público y los habitantes de esa zona del municipio.

Pablo Mauricio Loreto, exfuncionario estatal e integrante de la organización, indicó que al cobrar la concesionaria Aguas de Puebla durante 10 años a los poblanos por un servicio que realmente no presta, representa un fraude que podría alcanzar a la fecha más de 6 mil millones de pesos.

Además, consideró que al incumplir con el saneamiento del agua y dejar que corra por los ríos, la empresa también atenta contra la salud de los habitantes de esta entidad, contra el medio ambiente y el derecho humano al saneamiento.

En marzo, los integrantes de Bienestar Social informaron que la justicia federal reconoció y certificó la demanda colectiva interpuesta en contra de Aguas de Puebla o Concesiones Integrales por incumplir con el servicio de saneamiento pese a que, desde que empezó a operar, lo cobra a los usuarios.

La autoridad judicial aceptó que unos 30 activistas que firman la demanda representen a los 479 mil usuarios del servicio que presta la concesionaria.

Cabe recordar que desde 2013, el gobierno del panista Rafael Moreno Valle privatizó el servicio de agua, drenaje y saneamiento en los municipios de la zona conurbada de Puebla capital y desde entonces diversas organizaciones han pugnado por revertir ese proceso.

La colectiva por el Bienestar Social igual recolecta firmas para solicitarle al Instituto Nacional Electoral (INE) la consulta pública sobre la desprivatización.