GUADALAJARA, Jal. (apro).- Documentos emitidos por autoridades estatales y municipales revelaron que Alondra Liliana Franco Tinoco sí solicitó apoyo para protegerse de las agresiones de su pareja, quien terminó matándola junto con su mamá, Liliana Tinoco Tovar, dentro de una agencia del Ministerio Público, en Poncitlán.

Alondra acudió un día antes de que la asesinaran, el 30 de enero, al Instituto de Igualdad Sustantiva de Poncitlán para pedir ayuda.

La víctima narró que con su pareja, Cristopher Gerardo, tuvo “diferentes encuentros violentos, desde que me fui a vivir con él comencé a vivir violencia verbal, psicológica y física”.

Mencionó que “ahora quiero que no me moleste, ya que él siempre fue una persona muy controladora y violenta, temo que en algún arranque nos haga algo a mí y a mis menores hijos, por lo cual me salí del domicilio en el que estaba y fui con mi familiar, al no encontrar ayuda decidí acudir a esta institución solicitando apoyo, ya que temo por mi vida, mi tranquilidad y seguridad, así como la de mis hijos”.

La dependencia estatal le respondió que “al no ser la institución correspondiente para atender dicha problemática se vincula y/o canaliza a la Sindicatura, Servicios Médicos Municipales y primordialmente al Ministerio Público”.

Alondra acudió ese mismo día a la Sindicatura de Poncitlán, donde el titular, Ismael Prado Vázquez, emitió “órdenes de protección de emergencia y preventiva”.

Las medidas de protección consistían en que se le prohibía a Cristopher Gerardo acercarse o comunicarse con ella, así como contar con el auxilio de la fuerza pública, “con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice la víctima”.

La orden de protección tenía una vigencia de 72 horas, y se le recomendó acudir con el Ministerio Público para extender la protección a dos meses.

Alondra acudió el 31 de enero alrededor de las 12:40 a la Fiscalía donde fue atacada, al igual que su mamá, por Cristopher Gerardo cuando estaba a punto de presentar la denuncia. Liliana Tinoco murió al interior de las instalaciones y Alondra una hora después en un hospital.

El agresor huyó, fue capturado el miércoles en Nayarit, y se le trasladó a Ocotlán, donde un juez de control lo imputó por el feminicidio de ambas mujeres y violencia familiar en agravio de su hijo.

El detenido se acogió al término constitucional de las 144 horas que establece la ley, y será el próximo martes 7 cuando se desahogue la audiencia de continuación.