TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– Un juez de Control vinculó a proceso a nueve hombres integrantes de un grupo civil armado que fueron capturados por el Ejército Mexicano el pasado 9 de febrero en el municipio fronterizo de Mazapa de Madero.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), Delegación de Chiapas, se estableció la probable responsabilidad de los detenidos en el delito de portación y acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Lo anterior, derivado de la puesta a disposición por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes detuvieron a Omar “B”, Oscar “S”, Josué “R”, Erick “V”, Jaime “R”, Samuel “C”, José “C” y Belisario “S”, todos de nacionalidad mexicana, así como la detención de Abraham “A”, de nacionalidad guatemalteca; estas personas fueron detenidas tras un alertamiento de enfrentamiento armado entre civiles, cerca de la Presidencia Municipal de Mazapa de Madero.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH), tras el alertamiento, elementos de la Sedena hicieron un reconocimiento a pie y al llegar al lugar mencionado, observaron a civiles armados que portaban equipo táctico y quienes, al ver la presencia de las fuerzas castrenses, corrieron hacia la maleza con dirección a un río, pero les dieron alcance.

Al momento de detenerlos, les aseguraron siete armas largas de diferentes calibres con cargadores abastecidos con cartuchos; además, 43 cargadores abastecidos, dos mochilas y dos chalecos; todo esto, sin contar con el permiso correspondiente.

Por estos hechos, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien ofreció los datos de prueba al juez de Control, de quien obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que determinó que continúen el procedimiento en el Cefereso No. 15, que se ubica en Villa Comaltitlán, Chiapas.

El juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.