PACHUCA, Hgo. (apro).– Por cargar a la obra honorarios de 12 especialistas que nunca laboraron, más pagos en exceso en instalaciones donde difieren las especificaciones técnicas con la entrega, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demanda al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 8 millones 650 mil 375.70 pesos de la construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hidalgo.

El proyecto dispuso de 101.9 millones de pesos de presupuesto federal en 2022 y es uno de los observados en la segunda entrega de la cuenta pública de aquel año, cuyo informe entregó la ASF a la Cámara de Diputados el pasado 31 de agosto.

Con base en la auditoría 149 practicada al ISSSTE, el ente fiscalizador detectó 6 millones 673 mil 75.70 pesos por pagos en exceso en el contrato núm. DNAyF-SOC-PA-001-2022 que tuvo por objeto los "Trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas para la construcción, de la Clínica de Medicina Familiar 20 consultorios (CMF20)...".

Las irregularidades se basan en diferencias entre las cantidades estimadas y pagadas contra las realmente ejecutadas, que, indica el dictamen, se constataron como resultado de la visita de verificación física realizada de manera conjunta entre el personal de la ASF y la entidad fiscalizada del 11 al 14 de julio de 2023.

Los montos corresponden a 459 mil 647.29 pesos en la partida preliminares; 319 mil 251.11 pesos en acabados y recubrimientos; 815 mil 946.44 pesos en obra exterior; 461 mil 57.99 pesos en andadores, escalinatas, rampas, banquetas...; y 4 millones 617 mil 172.87 pesos en equipo de instalación permanente.

En todos estos casos, con base en la inspección, contrastan las características pagadas con las existentes.

Asimismo, el órgano federal encontró que no se acredita la participación de 12 especialistas durante la ejecución de la obra, cuyas remuneraciones ascendieron a un millón 977 mil 300 pesos. Se trata de personal a cargo de elementos arquitectónicos, acabados, estructura, gases medicinales, instalación eléctrica, telecomunicaciones, instalación de aire acondicionado, mecánica de suelos, impacto ambiental, administración y seguridad e higiene, que debían estar presentes según establecía la convocatoria a la licitación pública nacional mixta núm. 051GYN001- 027-22.

En el acuerdo entre ambos, el contratista estableció que se contaría con la participación de los mismos, todos ellos en obra durante los periodos de ejecución entre mayo a diciembre de 2022. 

Además, el responsable no acreditó contar con el permiso sanitario de construcción por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) correspondiente al contrato de obra pública núm. DNAyF-SOC-PA-001- 2022. 

Aunado a ello, el dictamen refiere que hubo una inadecuada adjudicación de este contrato, “toda vez que el contratista no demostró contar con la experiencia profesional relativa a la realización de ‘trabajos de obra civil y acabados en obra, así como trabajos de instalaciones y señalización, de características, complejidad y magnitud similares o superiores al presente proceso de contratación’”. Lo anterior repercutió en el avance de los trabajos “que presentan un retraso significativo del 54.3 por ciento respecto del plazo de ejecución de la obra”.