COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Mientras la gobernadora Indira Vizcaíno Silva presume que su administración “ha transformado” los servicios médicos en hospitales y centros de salud, una menor que padecía insuficiencia renal murió luego de que se le negara atención en el Centro Estatal de Hemodiálisis.

La paciente, de 16 años, perdió la vida después de que el gobierno estatal incumplió la medida cautelar 06/2023 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) que, frente a las complicaciones de salud de la adolescente, había fijado a las autoridades un plazo de 24 horas para prestarle el servicio médico.

Pese a lo anterior, en los videos promocionales de su Segundo Informe de Gobierno, que rendirá el próximo martes 21, la mandataria morenista se jacta:

“Este año estamos equipando todos los hospitales y centros de salud; otorgamos más de 37 mil servicios gratis como hemodiálisis, mastografías y radioterapias; entregamos 25 ambulancias nuevas en coordinación con el gobierno de México; jamás se había invertido tanto en la salud de las y los colimenses; no hay marcha atrás, sigamos con la transformación”.

Desde junio de 2022, Vizcaíno Silva anunció la atención cien por ciento gratuita a las personas usuarias del Centro Estatal de Hemodiálisis, en tanto que el representante del IMSS Bienestar en Colima, Carlos Enrique García Romero, dijo que ello sería posible gracias a ese programa, lo que evitaría el pago de alrededor de 7 mil 500 pesos mensuales por paciente.

Sin embargo, Margarita (nombre ficticio), proveniente de una familia de escasos recursos, no tuvo acceso a esos beneficios y murió en septiembre de este año sin recibir las sesiones de hemodiálisis que requería, a pesar de haber sido diagnosticada con insuficiencia renal crónica y edema agudo pulmonar.

El 14 de septiembre, cuando la menor todavía estaba con vida, su padre acudió a la CDHEC a presentar una queja por la desatención de las autoridades de salud.

Ante el organismo humanitario, el hombre narró que el 17 de agosto previo su hija fue internada en el Hospital Regional Universitario (HRU), donde fue diagnosticada con enfermedad renal crónica, por lo que recibió tres hemodiálisis y fue dada de alta el 22 de agosto; dos días después regresó y se le practicó otra hemodiálisis, pero el personal le indicó que ya no había lugar para continuar su tratamiento en ese lugar y le sugirió acercarse al Centro Estatal de Hemodiálisis.

Ese mismo día, el padre de Margarita acudió a esa institución, donde “me dijeron que tendría que quedar en lista de espera, que hasta que falleciera alguno de los usuarios y quedara algún lugar libre podrían darle espacio a mi hija”.

Tras informar que su familia es de escasos recursos y no contaba con la capacidad económica para solventar el costo de la atención en el ámbito privado, de mil 650 pesos por sesión (la paciente necesitaba tres por semana), en el Centro Estatal de Hemodiálisis le fueron otorgados cuatro cupones de descuento de cien pesos cada uno.

Con el apoyo de una colecta entre familiares, Margarita fue llevada a recibir una sesión en una empresa particular y, posteriormente, recibieron ayuda del DIF estatal para solventar otra sesión.

No obstante, el 12 de septiembre siguiente la menor fue ingresada otra vez de urgencia al hospital, ya que comenzó a decaer su salud y el médico le dijo a la familia que presentaba edema pulmonar, pero fue dada de alta al día siguiente con cita abierta a urgencias, por lo que el hombre acudió a las oficinas de la CDHEC a pedir ayuda el día 14, ya que “la vida de mi hija está en riesgo y requiere de la hemodiálisis”.

Ese mismo día, la Comisión dio entrada a la queja bajo el expediente CDHEC/2V/577/2023 y emitió la medida cautelar, que fue notificada al día siguiente a los titulares del Centro Estatal de Hemodiálisis, Hospital Regional Universitario y Secretaría de Salud, con un plazo de 24 horas para ser cumplida.

“Pudo haberse salvado”

El presidente de la CDHEC, Roberto Ramírez, señala en entrevista que “las autoridades no atendieron la medida cautelar de manera inmediata y lamentablemente la menor falleció” el 17 de septiembre, pero “pudo haberse salvado”.

Dice que este suceso “deja en evidencia que se tienen que replantear los procedimientos, pues si bien es reconocible que sea gratuito el servicio, también es fundamental que en los casos de emergencias donde se pone en riesgo la vida de las personas se atienda a los pacientes, sin dejarles en lista de espera a que muera un usuario para acceder a un espacio”.

En el caso de Margarita, refiere Ramírez, si no había máquina disponible la Secretaría de Salud debió haber subrogado el servicio, pero además “tendría que hacer un esfuerzo adicional para replantear los espacios para que se garantice plenamente el derecho humano a la salud y en situaciones de emergencia sean atendidas las personas de manera oportuna”.

El ombudsperson comenta que, aunque la medida cautelar fue notificada a las autoridades de salud el 15 de septiembre, fue hasta el día 19 cuando notificaron a la familia de la menor que se le había encontrado un espacio para ofrecerle la hemodiálisis, pero la paciente ya había muerto.

Luego de clasificar como “no cumplida” la medida cautelar, la CDHEC continúa la integración del expediente de la queja, y aunque advierte que no puede prejuzgar, el presidente del organismo indica que ese suceso es de los que “proyectan una muy probable recomendación, son hechos que se encaminan para allá”.

En caso de que la resolución vaya en ese sentido, indica, “también daríamos vista a las dependencias correspondientes para que investiguen si hay una responsabilidad administrativa o penal y se apliquen las sanciones que vayan aparejadas a los hechos que se presentaron”.