CIUDAD VICTORIA, Tamps. (proceso.com.mx).- El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, que había sido depuesto en septiembre por el Congreso del estado, regresó a su puesto después de que un juez federal le otorgara una suspensión, reconociéndole el fuero constitucional contra la orden de aprehensión que había dictado la Fiscalía estatal por presuntos delitos de corrupción.

El funcionario, que había sido sustituido por orden del pleno de la Legislatura, dijo que ya abrió una carpeta para investigar las actuaciones de quien ocupó el puesto durante casi un mes, Jesús Eduardo Goveo Orozco, pues resulta “gravísimo” que una persona como él, sin designación legítima, accediera a expedientes que pudieron resultar contaminados por su actuación fuera de la ley.

En entrevista, Ramírez explicó que lo que le otorgó el juez es una suspensión de plano, por lo que no será necesario celebrar una audiencia incidental y sí, en cambio, impide que pueda ser ejecutada alguna orden de aprehensión en su contra, como la que giró la Fiscalía General tamaulipeca el 17 de octubre, por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y ejercicio ilícito del servicio público.

El amparo indirecto 2142/2023 para proporcionar a Ramírez Castañeda inmunidad procesal, lo proveyó el juez Juan Fernando Alvarado López, del Juzgado Séptimo de Distrito de Tamaulipas, con sede en Reynosa, por lo que se espera que ahora el fiscal anticorrupción reinstalado cumpla su periodo de ocho años en el puesto, del 2021 hasta el 2029.

El funcionario dijo que el viernes 20 regresó en pleno ejercicio de sus funciones a la oficina que le habían quitado, después de que un Tribunal Colegiado se pronunció, también, el pasado lunes 16, para ordenar su reinstalación.

Al referirse a la orden de aprehensión girada en su contra, consideró extraño que, inesperadamente, aparecieran como agentes de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), Roberto Carlos Pérez y Ricardo Rodríguez, a quienes no conocía como adscritos a la institución, y quienes solicitaron su captura.

“Esta orden de aprehensión fue a todas luces una estrategia para evitar que regresara y tomara posesión del cargo que me fue conferido desde que el Pleno del Congreso me nombrara fiscal anticorrupción del Estado de Tamaulipas el 8 de septiembre del 2021”, explicó.

Al referirse a su efímero antecesor, explicó que los encargados de Recursos Humanos de la Fiscalía le explicaron que dejó de ir a la oficina desde el martes pasado.

“Era importante que un servidor regresara de inmediato a ocupar el cargo de la Fiscalía Anticorrupción porque un órgano autónomo de esta naturaleza no pude estar acéfalo. Por eso regresé directamente a trabajar. Regresé a revisar expedientes desde ayer”.

“Y la primera instrucción que giré a los ministerios públicos es que se levantara un acta para determinar qué ocurrió con las carpetas que tiene a su cargo la Fiscalía durante estas cuatro semanas que no estuve, porque es algo muy delicado. Debieron ser resguardadas por el coordinador general de la Fiscalía y sería muy grave que hubieran sido puestas a disposición que alguien que no estaba legitimado en el cargo. Sería gravísimo, pues se contaminarían, en mi opinión, esas carpetas”, señaló.

Al referirse a su destitución, dijo que el procedimiento fue ilegal, pues la instancia que dictó esa orden fue una Comisión Permanente, integrada por cinco legisladores, cuando el que debió proceder era el pleno del Congreso local, que fue el que le otorgó el cargo.

Por último, lamentó la molestia de los legisladores que lo quieren deponer, al considerar que actúa en favor de los funcionarios colaboradores del pasado gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, pero aclaró que él no hizo la ley para que el cargo de FECC fuera transexenal, como ocurre, también a nivel federal con el titular de la FGR.