OAXACA, Oax. (apro).– Con 26 votos a favor, la 65 Legislatura de Oaxaca aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso de los hermanos Conzatti sobre el robo de identidad y despojo de bienes patrimoniales, delitos en los que se señala la presunta corrupción de autoridades estatales.

El Pleno de la 65 Legislatura local solicitó al máximo tribunal constitucional que conforme a sus facultades y normas jurídicas revise el amparo 237/2020 sobre el asunto donde los afectados señalan a autoridades del Instituto de la Función Registral, Instituto Catastral, Dirección del Registro Civil del Estado y de Notarías Públicas como presuntas responsables de dichos delitos.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la diputada de Morena, Rosalinda López García, también pidió al Consejo de la Judicatura Federal vigilar el actuar de los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, donde se analiza el caso, a fin de que su resolución sea de acuerdo con la ley y no exista presión de otros poderes; y en caso de que suceda, se otorguen medidas de protección a la y los magistrados correspondientes.

Y es que, “quien es capaz de alinear al Registro Agrario Nacional, al Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO), el Instituto Catastral del estado De Oaxaca (ICEO), Registro Civil, también puede doblar un juez cuyo núcleo principal de intereses está supeditado al poder local”.

Apenas el 30 de agosto, el Fiscal General de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, confirmó que existen mil 467 carpetas de investigación integradas por despojo de inmuebles, delitos contra el patrimonio y suplantación de identidad.

“El tema de despojo de inmuebles representa una realidad y una mecánica sui géneris, que se presenta no sólo en la capital sino en diversas ciudades del estado. En esta forma de delinquir encontramos la participación de fedatarios, abogados, corredores públicos, autoridades comunales y ejidales, autoridades registrales, autoridades municipales y, en ocasiones, el propio crimen organizado”, informó durante su comparecencia.

Mencionó que en el despojo de inmuebles “su modus operandi incluye la extorsión, amenazas, suplantación de personalidad, y conforme a nuestras investigaciones, muy posiblemente también homicidios”.

Esto, dijo, “ha aumentado claramente en la región del Istmo de Tehuantepec, presumimos que por el crecimiento de la plusvalía derivado del proyecto de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los beneficios económicos que puede representar la tenencia de la tierra, y en la región de la Costa, por la posibilidad de explotar los terrenos en desarrollos turísticos”.

Finalmente adelantó que “estoy convencido de que pronto obtendremos órdenes de aprehensión que permitirán desarticular una red delincuencial integrada por personajes socialmente visibles.

Cabe mencionar que en el número 2381, la revista Proceso publicó el reportaje “El Cártel del despojo” opera bajo la sombra del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, donde se dio a conocer la existencia de una red integrada por notarios públicos y funcionarios estatales y federales que realiza “resurrecciones, “desaparece legalmente” a personas, altera actas de nacimiento y manipula el Registro Nacional de Población para concretar despojos de inmuebles en Oaxaca.