CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Fiscalía General de la República (FGR), determinó que los líderes del grupo paramilitar denominado Los Tlacos actuaron en contubernio con funcionarios de la administración del exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para “amenazar de muerte" y “desplazar” de forma violenta de la entidad al periodista Ezequiel Flores Contreras en abril de 2020.

No obstante, el agente del Ministerio Público federal adscrito a la Feadle, José Eduardo Limón Camacho, emitió el pasado viernes 2 un acuerdo aún no definitorio de “no ejercicio de la acción penal por prescripción”, argumentando “barreras jurídicas” que “impiden” localizar y presentar al presunto responsable de las agresiones contra el reportero, identificado como Salvador Alanís Trujillo, líder del grupo armado y quien tiene una orden de aprehensión por homicidio desde 2019 y se encuentra vinculado a 17 carpetas de investigación por diferentes delitos.

El documento oficial, que forma parte de la de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEADLE-GRO/307/2020, advierte que los directivos de la empresa Meta, que administra la red social Facebook, no han proporcionado la información requerida por las autoridades de la FGR para determinar el origen de las cuentas Crónicas Comunitarias y Policía Comunitaria General Heliodoro Castillo, desde donde se lanzaron las amenazas de muerte en contra del periodista.

Desplazado por su labor informativa

El acuerdo de la Feadle, notificado oficialmente vía correo electrónico a Ezequiel Flores el pasado martes 6, refiere que las agresiones contra el corresponsal de Proceso en Guerrero están relacionadas “con su labor periodística” y representan “un ataque a la Libertad de Expresión”, por lo que se acreditó el delito de amenazas.

“Los trabajos de Ezequiel Flores Contreras por su contenido agraviaron e indicaron a un grupo delincuencia, así como a funcionarios del gobierno estatal (del exgobernador Héctor Astudillo Flores), los mensajes amenazantes y de descrédito hacia el denunciante, implican agravios, menoscabo y limitación a la libertad de expresión, lo cual incluso le llevó a desplazarse a la Ciudad de México”, indica el análisis de la Feadle.

La investigación de los agentes ministeriales federales señala que las amenazas contra el comunicador hacen evidente la intención de “causar daño, quitándole la vida” y su origen está en “el quehacer periodístico” del corresponsal de Proceso.

“Por ello, se puede colegir que el conjunto de amenazas está relacionado con su actividad como periodista porque Ezequiel Flores Contreras ejerce el periodismo como corresponsal de la revista Proceso en el estado de Guerrero, el periodista fue amenazado y desacreditado personal y profesionalmente por dar a conocer la problemática que enfrentan los pobladores de distintas localidades del municipio de Leonardo Bravo, Guerrero”, señala el acuerdo de la FGR y agrega:

“En esa zona los intereses delincuenciales se centran en el control de las rutas de acceso a los centros mineros concesionados a empresas canadienses. La confrontación entre el Cártel del Sur y el grupo de Tlacotepec deja a los pobladores en estado de indefensión, se general daños a las familias y a las comunidades.”

El análisis de la Feadle indica que: “Se detectó una advertencia donde se le dice que sus escritos ya están fastidiando a muchas personas. Eso es un indicativo claro de que esa puede ser la fuerza de animadversión que ha llevado a amenazarlo”, sentencia la investigación de la FGR.

El responsable, con orden de aprehensión por homicidio

Acerca de la investigación sobre el presunto responsable directo de las amenazas contra el periodista guerrerense, identificado como Salvador Alanís Trujillo, la FGR reveló que el líder del grupo delictivo de Los Tlacos tiene una orden de aprehensión vigente desde 2019 por el delito de homicidio y está relacionado con otras 17 carpetas de investigación por diversos delitos.

“La Policía Comunitaria Heliodoro Castillo es una agrupación armada que se ostenta como Policía Comunitaria que opera fuera del marco de la Ley, dada esta circunstancia no es una institución legalmente establecida, debido a que no cuenta con certeza jurídica que fundamente su actuación bajo el esquema de policía comunitaria”, señala el acuerdo de la Feadle.

Luego, recuerda que en Guerrero “únicamente” la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria (CRAC-PC), tiene sustento legal en la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas que le permite operar en las zonas indígenas de la Montaña y Costa Chica de la entidad suriana.

Más de dos años de impunidad

El 13 de abril de 2020, los líderes del grupo delictivo Los Tlacos anunciaron formalmente una cacería contra el periodista Ezequiel Flores, a través de un comunicado que difundieron en su perfil de Facebook de la Policía Comunitaria de Tlacotepec y el periódico El Sur.

Previamente, en marzo de ese año, las amenazas de muerte comenzaron desde la cuenta de Crónicas Comunitarias en Facebook, donde se advirtió que el propósito era asesinar a Ezequiel Flores por haber documentado la guerra que se registraba en ese momento en la Sierra de Guerrero.

El 23 de abril de 2020, el periodista presentó una denuncia formal ante la FGR en su calidad del desplazado por la violencia en Guerrero y fue hasta el 20 de julio de este año, más de dos años después, cuando la Feadle ejerció su facultad de atracción autorizado por su titular, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo mediante el oficio FEMDH/FEADLE/0816/2022 que fue remitido a la titular de la Fiscalía en el estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

En ese acuerdo reciente, la Feadle determinó atraer recientemente la investigación de los hechos denunciados por el periodista Ezequiel Flores Contreras ante las amenazas de muerte recibidas el 26 de marzo y 13 de abril de 2020, a través de las páginas de Facebook denominadas Crónicas Comunitarias con ID 354521202025296 y Policía Comunitaria General Heliodoro Castillo con ID 118910165480525.

A pesar de que se demostró que las amenazas de muerte contra Ezequiel Flores registradas en 2020 fueron a consecuencia de su labor periodística y vinieron de los líderes de un grupo armado que opera al margen de la ley, la Feadle determinó “el no ejercicio de la acción penal por prescripción” y la resolución deberá ser avalada o rechazada por un juez federal que resolverá la impugnación del acuerdo presentado por la víctima.