MORELIA, Mich. (apro).- Un juzgado federal determinó que fue “legal” la detención de 167 integrantes del grupo armado Pueblos Unidos —entre ellos tres menores de edad—, ocurrida el pasado fin de semana en las inmediaciones de la comunidad Tiamba, municipio de Uruapan.

Sin embargo, será hasta el próximo lunes 21 cuando se decidirá si existen elementos suficientes para la vinculación a proceso de 164 de los imputados, luego de que la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional por 72 horas más, mientras que a los tres menores ya se les dictó la vinculación a través del sistema de justicia para adolescentes, pero no se les dictó prisión preventiva.

Tras el receso de la audiencia de control iniciada desde la víspera en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad, los 164 adultos detenidos fueron trasladados este miércoles al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mil Cumbres, en tanto que decenas de sus familiares que permanecían frente a los juzgados de distrito gritaban consignas de apoyo a sus seres queridos, clamando justicia y argumentando que son inocentes.

Luego de que el juzgado consideró legal la detención de los miembros de Pueblos Unidos, el gobierno estatal anticipó a través de un comunicado que los detenidos “serán vinculados a proceso”, lo que “contribuye a la estabilidad y pacificación de Michoacán”.

La administración estatal, además, reconoció el desempeño de las instituciones federales y estatales que participaron en un operativo que “fue eficaz y muy limpio, toda vez que no hubo enfrentamiento durante la detención”.

Consideró que “la consignación de 164 adultos y 3 menores de edad imputados es una decisión que preserva el Estado de Derecho en Michoacán, toda vez que la presencia de civiles armados en el territorio estatal constituye un riesgo para la integridad y tranquilidad de la gente”.

El Ejecutivo del estado reiteró su compromiso de “trabajar en coordinación con el Gobierno de México y las fuerzas federales de seguridad, con el propósito de seguir avanzando en la pacificación de Michoacán” y reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar “cualquier acto o persona que represente un riesgo para el bienestar social, e individual de los michoacanos”.