COLIMA, Col. (apro).– La mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de Colima aprobó reformas legales para permitir que quienes se hayan desempeñado en el servicio público de alto nivel, así como en directivas partidistas o candidaturas a puestos de elección popular, puedan aspirar al cargo de comisionado o comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol).

Estas modificaciones, realizadas con 15 votos a favor y 10 en contra, generaron críticas de la oposición en el sentido de que la reforma es “un traje a la medida” para ciertos personajes a quienes podría impulsar la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, para sustituir a dos de los tres comisionados del organismo: una que ya terminó su periodo y otro que está próximo a concluirlo.

En su intervención en la tribuna, la diputada Priscila García Delgado, presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental, denunció que el dictamen “es ilegal e inconstitucional, viciado desde su origen, motivado por acuerdos y pagos de favores políticos de campañas pasadas”, por lo que “no solo es un retroceso a la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también atenta en contra del derecho”.

En entrevista, la legisladora panista informó que el bloque opositor, conformado por panistas y priistas, interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma aprobada, porque con ella “se violan principios constitucionales como el de certeza, legalidad e independencia”.

De acuerdo con el dictamen presentado en la tribuna por la diputada morenista Andrea Naranjo Alcaraz, se derogaron y reformaron diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima para eliminar y reformar los requisitos de quienes aspiren a formar parte del Infocol.

Los requisitos derogados, que formaban parte del Artículo 79, son: “No haber ocupado un cargo directivo en un partido o asociación política, ni haber participado como candidato a algún cargo de elección popular, durante al menos dos años previos a la fecha de la convocatoria”.

Así también, el dictamen reforma la fracción X del mismo artículo para adicionar como requisito “no haber sido fiscal general del Estado en un año anterior”.

La fracción reformada estipula que otros de los requisitos para ser comisionada o comisionado del Infocol serán: “No haber sido gobernador, diputado federal o local, senador, alcalde, regidor, síndico, fiscal general del Estado, dentro de un año anterior a la fecha de emisión de la convocatoria”.

Según el dictamen, la reforma pretende homologar los requisitos con los establecidos en la Ley Federal en la materia, además de que “se da cumplimiento a una determinación de la SCJN, que establece que una distinción se basa en una categoría sospechosa cuando utiliza alguno de los criterios: a) origen étnico, b) nacionalidad, c) género, d) edad, e) discapacidad, f) condición social, g) salud, h) religión, i) opiniones, j) preferencias sexuales, k) estado civil, i) o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La diputada Priscila García advirtió que el dictamen dejó de lado otros criterios que también son jurisprudencias, donde se señala que se pueden permitir estas distinciones en la ley, sin violentar el principio de igualdad, cuando exista una justificación muy robusta para ello.

“La finalidad de que existan estos requisitos es garantizar que el desempeño de los comisionados se lleve a cabo bajo los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, previstos en el artículo 6, apartado A, fracción VIII, y 116, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22, segundo párrafo de la Constitución local”, refirió.

Lo anterior, dijo, reafirma la necesidad de que prevalezcan los requisitos en la ley de la materia, pues “cumplen y justifican su finalidad, que además de garantizar el principio de imparcialidad, es permitir que el Instituto de Transparencia siga siendo autónomo, y sea la vía de la que gozamos los ciudadanos para garantizar el derecho humano al acceso a la información”.

Por su parte, el recién nombrado coordinador de la fracción de Morena, Armando Reyna Magaña, justificó la reforma con el argumento de que “como legisladores responsables, observamos un exceso de requisitos injustificados y sin sustento que generan obstáculos importantes, que provocan una discriminación violentando el derecho humano de igualdad”.

Aseguró que “tampoco es un chaleco a la medida de nadie”, pues “se piensa que las elecciones de posibles perfiles pueden ser como se realizaban anteriormente, como hicieron cuando eran gobierno el PRI y el PAN, que se repartían puestos en sus negociaciones en lo oscurito como siempre”.

En el próximo proceso de sustitución de comisionados del Infocol, añadió Reyna Magaña, los diputados priistas y panistas “pensaban que hoy se les iban a dar cuotas de poder, pero les informo que la política de hoy está cambiando, se hace de diferente manera y de forma muy responsable y eso les duele, perder privilegios en las negociaciones; el real debate debe darse cuando lleguen las propuestas”.

Posteriormente, la diputada morenista Andrea Naranjo pasó a la tribuna a realizar una breve defensa del dictamen, mientras que tres legisladores más presentaron argumentos en contra de la aprobación: el priista Héctor Magaña Lara y los panistas Fernanda Salazar y Crispín Guerra.