CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó denuncias penales por manejo irregular de 5 mil millones de pesos en contra de cuatro exfuncionarios públicos del gobierno de Silvano Aureoles Conejo y un representante legal de una empresa privada.

Los funcionarios están acusados de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aunque señalaron que la investigación esta en curso y no darían detalles, la Secretaria de Contraloría, Azucena Marín Correa, y el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, informaron que las denuncias fueron presentadas el pasado 16 de febrero ante las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción, así como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Torres Piña informó que se encontraron contratos con una empresa que no contaba con la capacidad económica y jurídica suficiente para prestar servicio al momento de su contratación, además de que realizaron pagos con cantidades excesivas y adjudicaciones de inmuebles, por encima de su valor comercial por más de 652 millones de pesos.

Indicó que otros siete exservidores públicos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones, cohecho y peculado, en virtud de que se detectaron documentos alterados, cheques extraordinarios a sus percepciones salariales y transferencias a empresas calificadas como irregulares por la SHCP.

Sostuvo que  con la información obtenida y conforme avance la investigación, se pueden llegar a presentar hasta 18 denuncias en total, sólo de este mismo hallazgo en una dependencia.

Estas investigaciones forman parte de las acusaciones que hay sobre Silvano Aureoles  por diversas irregularidades detectadas en su administración. Entre ellas  gastar en seis años mil 200 millones de pesos en la renta de siete aeronaves que se usaron para trasladar a funcionarios, vigilancia y algunas emergencias.

Asimismo, la compra por 19.5 millones de pesos de un software de espionaje a una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, ambos perseguidos por la Fiscalía General por su probable responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos.