TOLUCA, Edomex (apro).– Con un Estado de México líder nacional en incidencia delictiva, Alejandro Gómez Sánchez presentó su renuncia como fiscal general de Justicia dos años antes de concluir su gestión, bajo el argumento de haber experimentado gran desgaste personal, físico y emocional al permanecer en el cargo alrededor de ocho años.

Durante ese plazo, el Estado de México se mantuvo a la cabeza en incidencia delictiva, como se desprende de los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tan sólo en el último año, de enero a diciembre de 2021, en la entidad se denunciaron 389 mil 493 delitos (más del doble que el año anterior) de los 2 millones 044 mil 122 denunciados en el país.

La Ciudad de México ocupó el segundo lugar, con 223 mil 680; es decir, en el Estado de México se presentaron al menos 150 mil denuncias más. En 2020 se presentaron 171 mil 083 denuncias; en 2019, fueron 179 mil 675; y en 2018, 177 mil 175.

Con dos alertas por violencia de género –una por feminicidios y otra por desapariciones–, tampoco la incidencia en delitos contra las mujeres disminuyó: de enero a diciembre de 2021 se denunciaron 143 feminicidios en el Estado de México, de 966 a nivel nacional; la entidad mexiquense también es cabeza en este delito, seguido por Veracruz con 69.

En el mismo plazo, en territorio mexiquense se cometieron además 234 homicidios dolosos de mujer, de 2 mil 746 a nivel nacional, con lo que se coloca en quinto sitio nacional; Guanajuato está en primer lugar con 344.

El informe de resultados de la Cuenta Pública 2020, presentada hace unos días por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), observó a la FGJEM 3 mil 48 millones de pesos en transferencias de recursos estatales para gasto operativo indebido al “delegar el ejercicio de las remuneraciones de su personal a la administración pública del Gobierno del Estado de México”.

El hecho de que la nómina de un órgano autónomo sea operada desde el gobierno central, desde el punto de vista de Miroslava Carrillo, auditora superior del Edomex, implica riesgo de condicionamiento a la autonomía de cualquier institución.

Para la Asociación Civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, es necesario que se finquen responsabilidades al ahora exfiscal por multiplicar la fabricación de delitos durante su gestión, detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos y tortura cometidos por elementos ministeriales, agentes del Ministerio Público y representantes de la Fiscalía.

Exfiscal ve resultados positivos

Aunque su nombramiento concluía en octubre de 2023, Gómez Sánchez indicó que la encomienda es una función altamente compleja que exige dedicación absoluta, de tal manera que, producto de una reflexión, determinó que es el momento de cerrar el ciclo.

No obstante, afirmó que su sucesor encontrará a su llegada una institución sólida, que logró consolidar su autonomía y el sistema de justicia penal acusatorio, y que contuvo la incidencia delictiva en varios ilícitos, mientras en algunos se redujo.

Los resultados de su gestión, a su decir, son positivos: en estos ocho años se fortalecieron las actividades institucionales, aumentó la plantilla de personal a más de 8 mil servidores públicos, hubo obras emblemáticas, hay mejor armamento, más y mejores unidades vehiculares en la policía de investigación, y profesionalización en protocolos de atención a los delitos de género.

En 2014, Gómez Sánchez fue designado por la mayoría parlamentaria procurador general de Justicia del Estado de México; para 2016, con la entrada en vigor de la reforma que transformó la Procuraduría mexiquense en Fiscalía General de Justicia (FGJEM), fue nombrado, también por mayoría de votos, su titular hasta octubre de 2023.