PUEBLA, Pue., (apro).- Luego de que solo este año han muerto nueve personas al interior de los llamados anexos para rehabilitar a adictos que operan en la entidad, el Congreso estatal aprobó imponer sanciones de cuatro años de cárcel y multas de casi 20 mil pesos a quien preste ese servicio sin cumplir con la normatividad.  

Los legisladores votaron a favor de la reforma al artículo 258 Bis del Código Penal del Estado que fue enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.  

La medida fue propuesta luego de que en la entidad se han presentado casos constantes de muertes de personas que son anexadas por sus familiares para que se rehabiliten de alguna adicción a drogas o alcohol.  

Aunque el caso más reciente se trató de un supuesto suicidio, el gobernador dijo que la poca normatividad que hay en torno a esos centros, permite que ocurran asesinatos en su interior y luego se presenten como accidentes, pleitos o suicidios.  

La reforma aprobada señala que ese tipo de establecimientos deberán contar con personal especializado en salud mental, acreditado con títulos y cédula profesional y capacitado, que trabaje con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género. 

Agrega que el responsable o encargado de un anexo que preste el servició sin contar con los requerimientos señalados por la Secretaría de Salud, podrá ser sancionado con cárcel de uno a cuatro años y multas de 50 a 200 UMAs.