MORELIA, Mich. (apro).- Mediante una orden de cateo emitida por un juez de control, elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) liberaron a un hombre que se encontraba privado de la libertad en un centro de rehabilitación en esta capital.

A la vez, por no contar con los permisos correspondientes, el establecimiento fue clausurado por personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Morelia, que también participó en la diligencia.

La FGE informó a través de un comunicado que de acuerdo a los datos que constan en la carpeta de investigación, el 31 de enero del presente año la víctima, Rogelio "N", fue ingresada a un centro de rehabilitación en esta ciudad, que se encontraba bajo la dirección de Alondra "N".

Pese a la solicitud de la madre de poder visitarle, los encargados del lugar le negaron este derecho, además de no permitirle salir al internado; la única forma en que podía verlo era a través de videos en los cuales se observó que se encontraba en mal estado.

Ante el temor de que su integridad corriera peligro, fue presentada una denuncia, que fue de conocimiento del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia, que dio inicio a las actuaciones, la cuales derivaron en la solicitud de una orden de cateo que fue obsequiada por un Juez de Control y cumplimentada por personal de la FGE.

El organismo de procuración de justicia refirió que como resultado de esta orden judicial, se logró la localización y aseguramiento de Rogelio "N", quién fue trasladado a las oficinas del Ministerio Público, para su atención y resguardo.

No es la primera vez que una persona es privada de la libertad en el interior de un centro de rehabilitación, pues apenas el 9 de septiembre pasado la propia FGE informó que por medio de otra orden de cateo fue localizada una mujer que se encontraba encerrada por la fuerza en un inmueble de ese tipo, en la colonia Sindurio de Morelia.

Según la Fiscalía, dos días antes la mujer de nombre María G. caminaba el 7 de septiembre por la avenida Torreón Nuevo cuando fue interceptada por una camioneta, de donde bajaron cuatro hombres, quienes la obligaron a subir para ser trasladada y recluida en un inmueble adecuado como centro de rehabilitación que no contaba con los permisos de funcionamiento.

Inicialmente agentes del Ministerio Público encontraron negativas del personal del centro para realizar una valoración médica a la persona recluida, ni brindar información sobre su estado de salud, por lo que fue liberada mediante el cateo, en el que participaron peritos, policías de investigación y los agentes del Ministerio Público.

Dos semanas después, la diputada local Luz María García García, del Partido Encuentro Social (PES), declaró en rueda de prensa que de los 750 centros de rehabilitación registrados en Michoacán, sólo ocho de ellos están certificados por las Normas 028 y 029 de la Secretaría de Salud, mientras que el resto son clandestinos o carecen de regulación.

Precisó que siete de los centros certificados se encuentran en Morelia y uno en Pátzcuaro, mientras que el resto carecen de la acreditación, que consiste en el mejoramiento de las instalaciones, que cada uno cuente con médicos especialistas y la adecuada atención en la alimentación otorgada a los usuarios.

Expuso que hay muchas denuncias de parte de internos de los centros de rehabilitación o de sus familiares e hizo un llamado a las autoridades de salud y a la FGE a intervenir para resolver esa situación.