Baja California

El general Gilberto Landeros expone la estrategia de seguridad que seguirá para Baja California

El nuevo secretario de Seguridad Ciudadana adelantó que realizará operativos en coordinación con la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía estatal y el Ejército con base en inteligencia que permita ubicar las acciones en contra del crimen organizado.
miércoles, 5 de enero de 2022 · 22:42

TIJUANA (apro).- El general Gilberto Landeros Briseño, nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, hará “mapas de calor”, sectorizará y focalizará las zonas de mayor incidencia delictiva para disminuirla. En la estrategia –que es la que ya estableció el presidente de la República– estarán las Fuerzas Armadas, dijo.

En ese contexto adelantó que realizará operativos en coordinación con la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía estatal y el Ejército, “pero con base en inteligencia que permita ubicar las acciones” en contra del crimen organizado.

El nuevo titular de la SSC dijo que se sectorizarán las zonas para atender delitos de alto impacto “y no andar patrullando” toda la ciudad.

Un aspecto relevante que el general de división de Estado Mayor reveló es que las denuncias al 089 –que es donde se presentan los reportes de alto impacto o los que realizan las bandas delincuenciales– no se analizan con precisión.

“Otro problema generalizado que se ha visto es que normalmente, por falta de medios y de voluntad, no se analiza con precisión la información que da el 089. Normalmente se atienden los reportes al 911. Del 089 donde hablan de bandas delincuenciales y son los que ocasionan estos delitos, no se analiza esta información”, dijo.

Al ser parte del Ejército, el general dijo contar con excelente relación con las Fuerzas Armadas, pero también que como secretaría de Seguridad, se realizará un análisis “para focalizar los lugares, y por decir algo o como se dice vulgarmente, los tiradores de droga, que son el nacimiento de todo este tipo de pleitos o cobros de cuenta. De ese análisis se puede llevar a buscar órdenes de cateo o instrumentos legales para detener a los causantes de asesinatos y evitar que se sigan realizando”.

El general secretario dijo que con los instrumentos técnicos nuevos que existen “y haciendo actividades precisas de inteligencia, se puede disminuir este mal que es el asesinato”.

En cuanto a la colonia Sánchez Taboada, considerada la más violenta de todo el país y la cual vive bajo el estigma de ser el semillero de sicarios que recluta el CJNG, el titular dijo que analizará los datos que hoy existen de cada uno de los lugares y las llamadas al 089 que no se han estudiado.

Ante la pregunta de que policías están infiltrados por el crimen organizado, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda intervino:

“Cero tolerancia; no se permitirá la corrupción y uno de los temas que hoy se abordaron en la mesa de seguridad estatal es que hay elementos, que son los menos, que serán sometidos a lo que el derecho estipule. No vamos a permitir ningún tipo de actos y el mismo general ya tiene una estrategia diseñada”.

Al respecto, el general detalló que se verificarán las denuncias “y el policía que actúe en contra de la ley va a buscar otro camino: o se va a ir o se sujetará a un consejo de honor”.

“Yo detecté que no se llevaba una puntual anotación en los expedientes y de esa manera no se podían seleccionar a los buenos mandos. Todo eso lo vamos a implementar", dijo el secretario.

De lo poco que se ha decomisado en los últimos años, el general calificó de “preocupante” el hecho y que es un tema que habrá de tomarlo con “mucha precisión”. fin

La gobernadora reconoció que “en los últimos 20 años ha habido un deterioro gradual de las instituciones de procuración y administración de justicia; se ha resentido el incremento de crímenes con violencia que afecta la seguridad de sus familias, particularmente de las mujeres y niñas”.

Pero también, añadió, hay asignaturas pendientes como la capacitación, certificación y controles de confianza de las policías; el sistema penal acusatorio quedó interrumpido por falta de recursos y el sistema estatal penitenciario padece de desarticulación y rezago.

 

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