PUEBLA, Pue. (apro).- A 12 semanas de que el gobierno de Puebla mantiene tomado el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la familia Jenkins de Landa exigió al gobernador Miguel Barbosa Huerta desista de su intento de apropiarse “de manera ilícita” de la institución privada que cuenta con más de 10 mil estudiantes.

En un comunicado, los integrantes del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, que fue destituido desde abril por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) de Puebla, advierten que mantendrán la lucha legal a la vez que acusan a Barbosa de haber instruido la “fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas”.

“Hoy se cumplen 12 semanas de la violenta incursión de la Policía Estatal dentro del campus de la Universidad de las Américas Puebla, para apoderarse de una institución privada, bajo la impune apariencia de una normalidad que vulnera la legalidad y el Estado de Derecho”, acusan.

Afirman que el patronato que impuso la JCIAP ha violentado suspensiones de amparo que le fueron otorgadas al anterior órgano para intervenir de forma “ilícita” en la UDLAP.

“Este atropello ha sido enérgicamente condenado por la comunidad estudiantil y académica; trabajadores administrativos, exalumnos, intelectuales de todo el país y asociaciones de prestigio incuestionable como la ANUIES”, refiere.

También hace referencia a supuestas violaciones a los derechos humanos que se han cometido en contra de los integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados, luego de que en 2018 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acordó un “no ejercicio de acción penal” sobre las denuncias que se presentaron en su contra.

Sostienen que la FGR revocó de manera esa determinación, lo que sería un agravio al Estado de Derecho porque, según ellos, ha derivado en un doble juzgamiento con órdenes de aprehensión viciadas de origen pues violentan el principio “cosa juzgada” por la resolución que emitió la Fiscalía en 2018.

“El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ha instruido la fabricación de varias órdenes de aprehensión sin pruebas, a través del dominio que ejerce sobre jueces estatales”, agrega en clara referencia a las emitidas contra el ex rector Luis Ernesto Derbez y otros directivos de la UDLAP.

“La Fundación Mary Street Jenkins mantendrá la lucha por el respeto a sus derechos y exige al Gobierno del Estado de Puebla que desista en su intento de apropiación ilícita sobre un patrimonio privado, que afecta a más de 10 mil alumnos poblanos y de todos los rincones del país”, recalca.

Cabe señalar que en reciente entrevista con un medio local, Armando Rios Piter, rector nombrado por el patronato que designó el gobierno de Puebla, anunció que el campus de la UDLAP que hasta la fecha se mantiene cerrado, se reabrirá el 27 de septiembre.

En entrevista con el periodista Rodolfo Ruíz, el experredista confió en que los tribunales estatales y federales darán la razón al gobierno de Puebla por las acciones emprendidas para destituir al patronato conformado por los Jenkins de Landa y nombrar a uno nuevo presidido por Horacio Magaña.

El 30 de agosto, alumnos, académicos y padres de familia realizaron una manifestación en la que exigieron reabrir las instalaciones pero bajo el mando de la rectora Cecilia Anaya Berríos. Hasta ahora los académicos y personal administrativo se mantienen coordinados por la anterior administración.