TOLUCA, Edomex (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) pidió al juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla la cancelación de la “audiencia inicial para la formulación de imputación sin detenido en contra de Paulo Díez Gargari”, que se celebraría este jueves con el propósito de realizar cargos al abogado por la toma simbólica del Viaducto Elevado Bicentenario, el 30 de septiembre de 2020.

Paulo Díez, representante legal de la empresa Infraiber, advirtió que a la fecha desconoce la carpeta de investigación, pues no ha tenido acceso a ella, y alertó sobre la posibilidad de que se le dicte prisión preventiva y se le vincule a proceso, como una estrategia para evitar que siga develando presuntos actos de corrupción de Aleatica (una empresa del fondo IFM Investors) y para bloquear su exigencia de reintegrar el Viaducto al patrimonio nacional.

“Por unas supuestas causas de fuerza mayor que no identifica, la @FiscaliaEdomex solicitó al juez cancelar la farsa criminal que estaba programada para mañana (24 de agosto). Esto no es serio. Estos tipos nos deben una explicación”, refirió el abogado, a través de su cuenta de Twitter.

La solicitud de cancelación de la diligencia, remitida al juzgador por los agentes del Ministerio Público Josué Hernández Montes de Oca y Nayeli Castrejón González, adscritos a la Fiscalía de Asuntos Especiales, no especifica si la anulación también aplica para el expediente abierto en contra del abogado Díez Gargari, pues apenas refiere que la audiencia debe darse de baja del Sistema de Gestión Judicial Penal.

Paulo Díez advirtió que con esta imputación la Fiscalía mexiquense “se está prestando a favorecer a la empresa” Aleatica y alertó que la intención de fondo es amedrentarlo y silenciarlo, en virtud de que ha denunciado diversas irregularidades en la concesiones otorgadas a esa compañía, entre ellas el Viaducto Elevado Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, ambas en el Estado de México. El representante legal de Infraiber también dejó en claro que las autoridades no lograrán acallarlo.

En el caso del Viaducto, Díez Gargari destacó que el gobierno federal no ha suscrito convenio, contrato, acuerdo, permiso, autorización o licencia en favor del gobierno del Estado de México que le dé el derecho a otorgar en concesión la construcción, operación, explotación y mantenimiento de esta autopista en dos tramos del Periférico Manuel Ávila Camacho, desde el Toreo de Cuatro Caminos a Valle Dorado en Tlalnepantla.

Sobre estos bienes de propiedad federal fue edificada parte del Viaducto, y la legislación vigente establece que quien sin haber obtenido concesión o permiso de la SCT opere o explote caminos, puentes o terminales, perderá, en beneficio de la nación, las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas.

También se configura como delito, que se sanciona con prisión de dos a 12 años, el uso, aprovechamiento o explotación de un bien que pertenece a la nación, sin haber obtenido previamente la concesión correspondiente.