ZACATECAS, Zac. (apro).– Integrantes del Colectivo Nacional Anticorrupción (Colecna) interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Juan Raúl Aguilar Villegas, delegado o director del centro Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por una serie de irregularidades detectadas en la asignación de obras carreteras para favorecer a empresas de Jalisco.

Este funcionario federal es originario de Jalisco y, según la querella, ha favorecido, desde 2018 a la fecha, a ocho empresas jaliscienses con 33 obras carreteras por un monto de 442 millones de pesos a través de “amaños” e irregularidades en los fallos de licitación, señala en su denuncia penal este colectivo de abogados zacatecanos especializados en trasparencia, fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información pública.

Ekaterina Domínguez y Jorge Rada Luévano, integrantes del Colectivo Nacional Anticorrupción, dieron a conocer en conferencia de prensa que la  denuncia fue presentada el pasado 17 de agosto contra el funcionario federal por los presuntos delitos abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, cohecho y lo que resulte por la serie de anomalías detectadas en las licitaciones de obras carreteras a partir de una investigación realizada tras recibir denuncias de constructores zacatecanos.

“Nosotros no estamos acusando, estamos presentado una denuncia de hechos, pero suponemos que tiene que haber un interés del delegado con beneficiar estas empresas, que puede existir relación de amistad y con familiares, pero eso la Fiscalía debe investigarlo”, declaró el abogado Jorge Rada.

Los litigantes expusieron que, en los procesos de licitación encabezados por Juan Raúl Aguilar al frente de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Zacatecas detectaron, primero, que las convocatorias de licitación o adjudicación de obras para reparación o construcción de carreteras no están publicadas en Compranet, lo que es una omisión que debió revisar la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal.

Otras irregularidades, explicaron, son que el delegado de la SCT otorga la totalidad de puntaje a las empresas jaliscienses en los fallos de licitación, pese a que no cumplen con todos los requisitos y, en algunos casos, el puntaje de otras empresas es mayor y adjudica la obra a una empresa de Jalisco con un puntaje menor.

“Hay elementos suficientes para impugnar los fallos, pero no tenemos interés jurídico para debatir la adjudicación de estas obras, pero como colectivo sí podemos denunciar estas irregularidades que pueden ser constitutivas de delito”, manifestó Rada Luévano.

Los abogados evidenciaron, apoyados en información pública, cómo las constructoras jaliscienses han desplazado a las zacatecanas en la asignación de obras carreteras por parte de la dependencia federal, pues mientras en 2018 sólo el 9 por ciento de las obras fueron asignadas a empresas jaliscienses, en 2021 ya tienen el 85 por ciento de los contratos.

Ekaterina Domínguez insistió en que a la FGR corresponde indagar si hay tráfico de influencias, si el delegado tiene algún interés para que salgan beneficiadas estas empresas, generando una competencia desleal en perjuicio de las constructoras zacatecanas que cuentan con la capacidad técnica, financiera y el equipo para realizar estas obras carreteras.

“El gobierno federal tiene la bandera, supuestamente, de combate a la corrupción, pero en Zacatecas estamos viendo, con este maquineo, que no se está realizando al pie de la letra lo que dispone el presidente (Andrés Manuel López Obrador), lamentó el abogado Rada.

Los integrantes de este colectivo anticorrupción anunciaron que interpondrán denuncias similares en la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y en la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que investiguen, deslinden responsabilidades y sanciones al o los servidores públicos involucrados.