CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que analiza la posibilidad de que la construcción de un acueducto en la región de la Laguna, en el estado de Coahuila, se considere como un asunto de Estado, de seguridad nacional y de derechos humanos.

Dijo que buscará una reunión con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para encontrar un mecanismo legal que impida la ola de amparos solicitados por opositores al proyecto hidráulico, cuyo objetivo principal es evitar que la población siga consumiendo agua con arsénico.

El propósito del gobierno federal –apuntó-- es demostrar que “no hay ningún daño al medio ambiente, al contrario, el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, y a ver si así podemos llevar a cabo la obra”.

En la conferencia mañanera de este viernes, López Obrador habló de forma extensa sobre el acueducto que se plantea construir en la región de la Laguna, para evitar que el agua contaminada con arsénico que se consume en esa zona siga provocando cáncer, principalmente entre los niños.

“Vamos a hacer este acueducto, pero tenemos muchos obstáculos por los amparos. Fíjense, para abastecer de agua sana se están amparando por politiquería”, soltó.

Agregó: “Hay cáncer, no es posible estar perforando pozos para extraer agua a 2 mil metros de profundidad y sacan agua con arsénico, y trataban de resolver (el problema) con plantas tratadoras para quitarle el arsénico al agua”.

Destacó que van a revisarse las concesiones de agua que se otorgaron a particulares para la explotación del agua en la Comarca Lagunera, pero también –advirtió-- se va a preguntar al pueblo de Coahuila.

“Es una inversión de 10 mil millones de pesos para que la gente tenga agua sana y que ya no haya cáncer, sobre todo en niños; podemos probar que en los hospitales hay más enfermos de cáncer”, alertó.

Y propuso: “Estoy analizando la posibilidad de que se considere como un asunto de Estado y de seguridad nacional, de derechos humanos. Quiero hablar con el presidente de la Corte sobre este tema para ver si en colaboración se busca un mecanismo legal, demostrando que no hay ningún daño al medio ambiente, al contrario, el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, y a ver si así podemos llevar a cabo la obra”.

Ello, debido a que el gobierno –dijo-- apenas está incidiendo en el proceso de licitar la obra hidráulica, y la obra ya fue suspendida por un amparo otorgado por un juez de distrito.

López Obrador también resaltó que tras la reunión que sostuvo el pasado fin de semana con autoridades locales, productores y opositores al proyecto hidráulico del gobierno federal, un ambientalista amenazó con seguir solicitando amparos a la justicia federal para que no se construya el acueducto.

El presidente lamentó la situación que se vive en Coahuila y otras partes del país, donde la población consume agua contaminada por la sobreexplotación del recurso no renovable.

“Ya hay una situación crítica de contaminación por arsénico de los mantos acuíferos en la Laguna y otras partes por la sobreexplotación, porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a dar concesiones para extraer agua en el norte del país, donde es más escasa el agua, es la zona más desértica”, abundó.

Asimismo, detalló que las concesiones de explotación de agua que se otorgaron en Coahuila fueron para producir la alfalfa que alimenta al ganado lechero, y este tipo de producción láctea consume mucho líquido.

“La leche en una proporción casi total es agua, entonces, producir leche con alfalfa significa consumir muchísima agua, pero eso todavía tiene alguna justificación porque es leche, aunque se pudo desarrollar toda la industria lechera en el sureste, donde lo que sobra es agua”, planteó el mandatario.

Antes de finalizar, arremetió contra sus antecesores al recordar el caso de la empresa cervecera Constellation Brands, que en el gobierno anterior recibió una concesión para explotar agua en Mexicali, Baja California, pero el permiso fue revocado --en esta administración-- por la oposición de la sociedad, generando una pérdida para la compañía de más de mil millones de dólares. La planta comenzó a ser desmantelada desde marzo pasado.

“Lo peor es que se dieron concesiones para explotar agua para producir y exportar cerveza donde no hay agua; en el caso de Mexicali comprometieron los gobiernos conservadores el agua de la población, ya la habían concesionado para una cervecera”, concluyó.