MÉRIDA, Yuc. (apro).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá, el próximo miércoles 18, si el Congreso local incurrió en una ilegalidad al votar de manera secreta las iniciativas para legalizar el matrimonio igualitario en la entidad.

En un comunicado, las asociaciones que promovieron el juicio contra el Congreso yucateco --Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY), Article 19 Oficina para México y Centroamérica, UNASSE e Indignación-- adelantaron que, de resultar favorable el fallo, “se abriría la puerta a anular y buscar la reparación del proceso legislativo”.

En 2019, la actual legislatura local, que está próxima a terminar su ciclo, desechó la iniciativa para legalizar en la entidad las uniones entre personas del mismo sexo, mediante un cuestionado proceso de votación por cédula, es decir, mediante el voto secreto de los diputados.

Lo anterior, argumentaron los denunciantes, limitó las libertades de expresión y derechos políticos de la ciudadanía yucateca, “al privarse la información certera del sentido de la votación de las y los legisladores estatales”.

Destacaron que, si la SCJN confirma que efectivamente los diputados incurrieron en un acto de ilegalidad, se podría anular y buscar la reparación del proceso legislativo, “obligando al Congreso de Yucatán a votar de forma abierta y transparente, tal y como lo prevén las normas internas que rigen al Poder Legislativo estatal”.

Recordaron que “las normas que rigen a los congresos en sociedades democráticas únicamente permiten este tipo de votaciones en los nombramientos de funcionarios públicos de organismos autónomos, nunca para iniciativas de ley, y mucho menos en temas que involucran al reconocimiento de derechos humanos”.

En ese sentido, advirtieron que “de quedar impunes” las acciones de la actual legislatura, “darían un cheque en blanco a que el Poder Legislativo a nivel estatal en Yucatán y en otros estados, e incluso a nivel federal, legislen sin transparencia”.

Insistieron en que la rendición de cuentas de quienes representan a la ciudadanía “no puede ser opcional, porque se presta a abusos, corrupción y demás actos antidemocráticos, como en la vulneración de derechos humanos, tal como fue en el caso cuando el Congreso de Yucatán rechazó reconocer el matrimonio igualitario, contradiciendo jurisprudencias de la Suprema Corte y demás tratados internacionales en esta materia”.

Por ello, instaron a los integrantes de la Primera Sala que aprueben los proyectos de sentencia elaborados por los ministros Juan L. González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Dichos proyectos, dijeron, “resolverían a favor de la transparencia y los valores democráticos de la ciudadanía yucateca de manera oportuna, para que sea esta misma legislatura la que repare el proceso en cuestión antes de que se renueve el Congreso en septiembre próximo”.