MONTERREY, N.L. (apro).- Samuel García reconoció que su familia depositó recursos al partido Movimiento Ciudadano, pero alegó que todos contaban con solvencia económica para hacerlo, en respuesta a la multa que le impuso el Instituto Nacional Electoral al acusarlo de haber recibido en campaña 14 millones de pesos, triangulados por sus allegados.

En una nota que publica hoy Reforma, en la que toma información de la impugnación que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, García Sepúlveda alega que su madre y sus hermanos no incurrieron en una ilegalidad al aportar recursos a su campaña, pues el partido podía recibir, de militantes, hasta 20 millones de pesos.

El pasado jueves 22, el INE detectó 14 millones de pesos en recursos que, alega, aportaron irregularmente su madre Bertha, así como sus hermanos, en un esquema de triangulación que, según la consejera Adriana Favela , era “una estrategia financiera para triangular recursos a través de testaferros”, pues ninguno de ellos contaba con solvencia económica.

Por ello, MC fue sancionado con el pago de 28 millones de pesos, que son la sanción que García Sepúlveda impugna al señalar que, a diferencia de lo que indica la sentencia, todos sus familiares tenían recursos suficientes para ayudarle en su campaña ganadora de la gubernatura de Nuevo León.

De acuerdo a Reforma, en la impugnación que habría presentado el jueves, Samuel alegó que, en el 2017, su madre le había regalado a él un inmueble que luego decidió pagarle y, como socio de la empresa SAGA, ordenó depositarle a ella 7 millones 805 mil pesos, más un millón 955 mil por actualizaciones.

De igual manera, su esposo Samuel García Mascorro le dio 2 millones de pesos en los últimos meses, por lo que en sus cuentas había 12 millones, suficientes para aportar los 9.7 millones que el INE dice que le dio al partido indebidamente.

Según la nota, la dirigencia nacional de MC erróneamente envió 5 millones al partido en Nuevo León, pero, al percatarse de ello, el recurso fue regresado.

En cuanto a su hermana,  se menciona que recibió de su padre un millón 586 mil 500 pesos en cinco entregas, entre el 2019 y 2020, y que su otra hermana, le saldó adeudos por 2 millones 709 mil pesos, por lo que sí pudo ayudarle a Samuel en la campaña con los 1.5 millones de pesos que alega el INE.

Sobre su hermano Roberto, mencionado en la sanción, por haberle dado 840 mil pesos, se señala que sus padres le donaron desde el 2018 hasta un millón 300 mil pesos, por lo que estaba en posibilidad de ayudar en la campaña.

Al presentar la impugnación, según el medio, García argumenta que los depósitos no fueron reportados ante el Sistema de Administración Tributaria porque la Ley indica que los donativos entre cónyuges o de descendientes o ascendientes del sujeto no son reportados.

Al final, considera que llamar testaferros a sus familiares es solo un prejuicio, y las conclusiones de la sanción son únicamente inferencias y conjunciones de hechos distintos o que se aprecian de manera equivocada, para pretender cuadrar estas supuestas operaciones indebidas efectuadas por MC en la campaña.

Y dice que, por estar el tema relacionado con gastos ordinarios al partido, el asunto debería verse hasta el próximo año y no ahora, como gastos de campaña.

La impugnación que presenta Samuel García por las aportaciones de sus familiares, se suman a otras tres que hoy presentó ante la Sala Regional del TEPJF, en contra de la multa por 55 millones de pesos que, en otra sentencia, le impuso el INE al partido, debido a que el gobernador electo no le pagó a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, 28 millones de pesos por sus servicios de apoyo a la campaña política.

Este viernes el futuro mandatario de Nuevo León entregó a la Sala Regional dos juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales, uno a nombre de su pareja y otro firmado por él mismo, e interpuso un recurso de apelación contra la resolución que sanciona a Movimiento Ciudadano contra la mencionada megamulta.

El juicio interpuesto para la protección de derechos plantea 23 agravios o violaciones a las garantías de Rodríguez Cantú en la resolución INE/CG1312/2021, en los que hay violencia política de género, violación a la libertad de expresión y de transgresión del interés superior de la familia en materia electoral, en relación al libre desarrollo de la personalidad y la violación al principio pro persona.