TOLUCA, Edomex. (apro).- Durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México, se adjudicaron de manera directa, al menos dos contratos a la empresa Balam Seguridad Privada S.A de C.V., señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como una de las principales operadoras en México del malware de espionaje mundial “Pegasus” durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La firma Balam Seguridad Privada fue confirmada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como una de las empresas que vendió Pegasus, el programa de espionaje que fue utilizado masivamente por el gobierno de Enrique Peña Nieto, como reveló esta semana Proceso, al formar parte de la investigación internacional Pegasus Project.

Los contratos entregados por el gobierno de Eruviel Ávila a la firma dedicada a la distribución, montaje y venta del malware que sirvió durante la administración peñanietista para vigilar a activistas, civiles identificados como opositores, defensores y periodistas, se firmaron en 2013.

Se trata de dos contratos en específico: el registrado con el número 006/2013 para instalar un “centro de almacenamiento y procesamiento de datos” y el 017/2013 para -presumiblemente- la “formación y capacitación de los integrantes de la policía ministerial acreditable”.

Ambos contratos y sus datos integrales, fueron declarados “reservados” por cinco años, por el Comité de Transparencia de la FGJEM en junio de 2017.

La reserva de estos contratos por cinco años incluye la declaratoria de “confidencialidad”, que los cierra por completo.

Estos contratos fueron reconocidos por el gobierno del Estado de México, cuando Eruviel Ávila Villegas aún era gobernador, y en respuesta a solicitudes de información que presentó un particular para obtener los contratos de las empresas de seguridad, a las que el gobierno eruvielista había entregado contratos.

Al final los contratos fueron negados, pero terminaron con el reconocimiento explícito de la existencia de al menos estos siete y la aceptación, en uno de los resolutivos del Comité de Transparencia de la FGJEM, que serían para “infiltrar equipos de comunicación”, aunque en este caso -aseguraron-, para los equipos tácticos y ministeriales.

La negativa reiterada a entregar los contratos, fue que hacerlo “pondría en riesgo la seguridad” de los ciudadanos y el territorio.

El Acuerdo 10/2017 del citado Comité de Transparencia, señala  en el tercer párrafo de su resolutivo, a manera de introducción, que analizarían el proyecto de clasificación de información reservada “la relativa a las especificaciones y descripciones de los bienes adquiridos por este órgano autónomo de equipos y maquinaria especializada para la seguridad pública, equipo táctico para la infiltración de equipos móviles, centros de almacenamiento y procesamiento de datos, formación y capacitación de los elementos de la Policía Ministerial”.

Durante la conferencia “mañanera” de este 21 de julio, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, reveló que además de instancias del gobierno federal como la FGR y el CISEN, al menos dos estados de la república, habían adquirido el sistema de espionaje “Pegasus”: Veracruz y el Estado de México.

También destacó que para realizar los pagos a la empresa propietaria de este sistema de filtración de comunicaciones y la vida privada mediante los propios teléfonos celulares de las víctimas, lo habrían realizado las dependencias gubernamentales y los gobiernos estatales que lo adquirieron, mediante triangulaciones diversas con empresas “fachada”.

Citó de manera especial a la firma “Balam Seguridad Privada S.A. de C.V.”, a la cual la firma israelí Pegasus, propietaria del sistema, habría entregado en México la operación y venta del malware.

En este contexto si bien el gobierno mexiquense declaró “reservados y confidenciales” los contratos adjudicados a esa firma en 2013, el dictamen del Comité de Transparencia de la FGJEM, confirma la adquisición del sistema de espionaje por parte del gobierno del Estado de México a través de su fiscalía general, como señaló el propio Nieto Castillo.

El actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, también fue blanco en la intrusión a pesar de que era parte del equipo político de su primo, el entonces presidente de México.