MONTERREY, N. L. (apro).- La agente del Ministerio Público que lleva el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey asesinados, Jorge Antonio y Javier Francisco, pretende darle carpetazo al delito que portación y acopio de armas, que se le fincó a los militares que participaron en el crimen ocurrido el 19 de marzo del 2010.

Así lo señaló en entrevista Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge, quien dijo que la representante social Berenice Hernández García, se comunicó con ella el pasado viernes 9 de julio para decirle que ya iba a concluir la carpeta relacionada con la portación y acopio de armas de los militares que dieron muerte a los jóvenes en el interior del campus central de la institución, al sur de esta capital.

“Quieren archivar el expediente diciendo que no hay elementos para seguir con el proceso de investigación. Estamos muy inconformes. La Licenciada Berenice nunca ha estado muy de acuerdo con el caso y me dijo que me iba a mandar un oficio de pronunciamiento de desahogo de diligencias, con lo que quiere que yo le diga qué diligencias pueden llevarse a cabo, pues las que ella hizo dieron resultados negativos”, dijo Mercado, en referencia específica al delito de las armas.

La ministerio público le dio 10 días para contestarle el oficio, a lo que ella se manifestó en inconformidad, pues, además de que el tiempo es escaso, no cuenta con asesoría jurídica para responder ya que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le retiró el acompañamiento legal que le había proporcionado.

“La licenciada me da solo 10 días para contestar y creo que lo hace con alevosía y ventaja para terminar el caso. Quiere cerrar nada más por el delito de portación y acopio de armas”, indicó Mercado.

Aunque sigue la investigación a seis militares por homicidio, la madre de Jorge Antonio percibe que estos detalles hacen que la justicia se haga más lenta y que, luego de más de una década, no se observe para cuándo dictarán sentencia condenatoria.

“Lo de homicidio sigue su curso, pero haga de cuenta que no han hecho nada. Todo está parado. No nos han dado ninguna información sobre la carpeta. Supimos de una ratificación de declaraciones que estaban haciendo porque uno de los testigos nos habló por teléfono, para decirnos que le pedían ratificar. Pero nada más”, dijo.

El 19 de marzo del 2019, nueve años después de los hechos, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero ofreció una disculpa pública, en Monterrey, al admitir que Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo no eran sicarios, y se comprometió a la reparación integral del daño ocasionado por las autoridades por el asesinato.