PACHUCA, Hgo. (proceso.com.mx).– Dos trabajadores de la 05 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron despojados con violencia de 2.2 millones de pesos en las inmediaciones de una sucursal de Banamex en Tula.

El dinero sería utilizado para la operatividad de la votación de este 6 de junio y el traslado final de documentos.

En el asalto, un colaborador del INE, de 54 años, fue herido por un disparo en la pierna derecha y trasladado de emergencia a un hospital de la región, donde fue reportado estable.

De acuerdo con el testimonio del funcionario que conducía la unidad Nissan NP300 en la que trasportaban el efectivo, dos hombres a bordo de una motocicleta se les emparejaron a la altura de la calle Cuauhtémoc, esquina con Héroes de Chapultepec.

Tras amagarlos con un arma, dispararon a la pierna del copiloto, Francisco Arturo López Villegas, vocal de Organización Electoral, quien sujetaba la maleta negra con el logotipo del instituto, en la que guardaban el dinero.

La delegación del INE en el estado informó que la maleta contenía dos millones 209 mil 500 pesos, que serían empleados en el arrendamiento de vehículos para la entrega-recepción de la paquetería electoral a los presidentes de mesas directivas de casilla, así como en la recolección del material al término de la jornada, para que sea resguardado en las oficinas de los consejos distritales.

Además, contemplaba los apoyos de alimentación a los funcionarios de casilla.

El órgano comicial aseguró que las votaciones no están en riesgo en la región y que los compromisos con arrendadores serán cumplidos con la reposición del recurso, por lo que tampoco están en duda los apoyos a funcionarios de casilla.

La 05 Junta Distrital añadió que el monto no condiciona, en lo mínimo, la operación total de las elecciones, por lo que insistió que no peligra ni la instalación de casillas ni el traslado de las boletas.

Aunque cuenta con seguridad privada y elementos del Ejército Mexicano están asignados a esta Junta Distrital, expuso que no podían acompañar a los funcionarios al retiro del dinero en efectivo porque la labor de los soldados es sólo el resguardo de la paquetería electoral y no pueden realizar otras laborales, en tanto que la seguridad privada sólo está contratada para vigilar las instalaciones.

Por el robo armado se dio parte al ministerio público de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que el caso involucra a un colaborador del Servicio Público Federal.