PUEBLA, Pue. (apro).- Familiares de las trabajadores del taller detenidos como responsables del helicopterazo en el que fallecieron la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle se manifestaron en Casa Aguayo y en la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir un proceso judicial justo.

Con gritos y pancartas, denunciaron que mientras que el dueño y cinco trabajadores del taller Rotor Flight Services  ya tienen más de seis meses en prisión, a los tres directivos de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, propietaria del helicóptero, llevan el proceso en libertad.

“Los culpables andan libres y mi familiar está preso, sólo por no ser empresario y poderoso”, “No estamos por ser criminales, estamos aquí por ser pobres”, “Señor gobernador ya basta de tanto abuso de autoridad, igualdad de justicia”, decían algunos de los carteles que llevaban los manifestantes. 

En la protesta participaron parientes del propietario del taller, José Antonio N., así como de los trabajadores Miguel, Ricardo e Israel, quienes señalaron que la Fiscalía del Estado siete veces ha pedido diferir las audiencias para presentar pruebas que tiene contra los detenidos y eso ha alargado el proceso.

Recordaron que el principal cargo contra sus familiares es por homicidio culposo, lo que, de acuerdo a la ley, les permitiría llevar el juicio en libertad, sin embargo, la Fiscalía pidió al juez que se les impusiera a los trabajadores del taller la medida cautelar de prisión preventiva, supuestamente porque podrían darse a la fuga.

Sin embargo, se quejaron que la Fiscalía no pidió lo mismo para los dueños de la aeronave que tienen mayor poder económico. 

“Lo único que pedimos es que ya no se difieran las audiencias y que nuestros familiares puedan llevar en libertad el juicio, como ocurre con los empresarios”, expuso Nancy, uno de los familiares que se manifestaron.

Además, otro de los parientes comentó que se han dilatado los procesos de amparo que han tramitado desde enero, por diversas razones “absurdas”, como es que no encuentran a terceros interesados en el juicio o porque no se presentan informes justificados.

Los participantes en la protesta recalcaron que las personas que están presas, inculpadas por el percance ocurrido el 24 de diciembre de 2018, son realmente trabajadores que se desempeñaban conforme a las reglas de operación de ese tipo de talleres y que, hasta ahora, la Fiscalía no ha demostrado que sean responsables de la caída de la aeronave.

“Ellos son gente honesta, son gente trabajadora”, reclamaron.