XALAPA, Ver. (apro).- El Colectivo Familia de Desaparecidos Córdoba-Orizaba lleva rescatados once cuerpos de la congregación de “Campo Grande”, en Ixtaczoquitlán, una región montañosa del centro de Veracruz, zona que ha sido de disputa entre células de Los Zetas, Cártel de Jalisco Nueva Generación y con presunta complicidad de policías municipales.

Araceli Salcedo, vocera del Colectivo, declaró que tras un mes de trabajo y búsqueda interrumpida por la desidia de las autoridades, ya se pudo rescatar de un predio once cuerpos, los cuales están exigiendo a la Fiscalía General del Estado (FGE) sean trasladados a Xalapa para su rápida identificación y no ser dejados en el servicio forense de Orizaba, donde podrían quedar en el rezago y olvido.

Salcedo expuso que ahora falta buscar en seis fosas más encontradas en un primer predio y criticó que la fiscalía, con pretextos, se ha negado a realizar la exhumación, razón por la que se desconoce cuántos cuerpos podría haber ahí.

En Ixtaczoquitlán, Veracruz, ocurrió la primera desaparición forzada del país en tiempos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues en octubre del 2019 fueron “levantadas” diez personas -siete de ellas comerciantes-, cuyas primeras investigaciones arrojan a una responsabilidad concreta de la Policía Municipal de Ixtaczoquitlán a cargo del edil panista Miguel Ángel Castelán.

Hasta ahora hay dos policías con las claves “Bam Bam” y “El Chino” en prisión y una orden de aprehensión en contra del director de gobernación que no ha podido ser ejercida.

Araceli Salcedo reprochó que ayer miércoles 5, personal de la fiscalía y su titular regional, Adriana Sosa Medina, les canceló la búsqueda de cuerpos con el pretexto de la presencia de un grupo de cineastas independientes, los cuáles eran invitados del propio Colectivo.

Un grupo de cineastas independientes arribaron con el Colectivo Familia de Desaparecidos Orizaba-Córdoba al lugar de las Fosas Clandestinas de Campo Grande; ellos, como otros más, en apoyo a visibilizar el tema tan incómodo para los gobiernos: la desaparición forzada y, por ende, las fosas clandestinas.

Esto causó “gran indignación" a la fiscal Adriana Sosa Medida (Ixtaczoquitlán) porque según su "experiencia" ponía en riesgo la integridad de los presentes y del debido procesamiento de lo que se estaba realizando en ese momento: la recuperación de cuerpos en esas fosas clandestinas.

En el tenso conflicto entre fiscalía y familiares de desaparecidos, la búsqueda quedó suspendida hasta nuevo aviso.

La Fiscalía General del Estado y su titular, Verónica Hernández, se han negado a hablar con la prensa de los trabajos que se hacen en Campo Grande.