OAXACA, Oax. (apro).- Un juez de Control vinculó a proceso a la alcaldesa de Asunción Nochixtlán y actual candidata de Morena, Lizbeth Victoria Huerta, así como a su asesor jurídico Johan Matus Marcial y a su escolta Juan A. H., como probables responsables de la desaparición forzada de la luchadora social Claudia Uruchurtu Cruz.

Al concluir la audiencia, el juez de control de Tanivet determinó que hay pruebas de la presunta responsabilidad de la presidenta municipal, su asesor jurídico y su escolta en la desaparición de la activista, perpetrada el pasado 26 de marzo, entre las 22:30 y 23 horas.

Claudia Uruchurtu Cruz fue privada de su libertad cerca de la plaza central del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, después de una protesta en contra de las autoridades municipales por la detención injusta y arbitraria de Alfonso Avendaño, quien requería de atención medica por la golpiza que recibió de parte de la policía municipal.

El pasado viernes 7, la presidenta municipal y dos personas más fueron detenidas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), por su presunta responsabilidad en la desaparición de Claudia.

La FGEO resaltó que obtuvo del Juzgado de Control el auto de vinculación a proceso contra L. V. H, J. R. M. M. y J. A. H., como probables responsables del delito de desaparición de personas en agravio de la ciudadana mexicana C. U. C., cometido en marzo de 2021 en jurisdicción de Asunción Nochixtlán.

De acuerdo con los hechos asentados en la causa penal 203/2021, el pasado 26 de marzo de 2021, la víctima C. U. C. fue vista por última vez en inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación contra las autoridades del lugar.

Ante estos hechos, la Fiscalía inició las labores de investigación con perspectiva de género para priorizar las necesidades particulares de la víctima directa y víctimas indirectas, trabajos que estuvieron apoyados en todo momento por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), así como la Secretaría de Gobernación, que dio intervención a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a fin de realizar las acciones de búsqueda y localización pertinentes.

En audiencia y tras validar los datos de prueba proporcionados por la FGEO, el juez en turno determinó vincular a proceso a L. V. H., J. R. M. M. y J. A. H., a quienes impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y otorgó cuatro meses para el cierre de investigación complementaria.

Respecto a la localización de la ciudadana C. U. C., la FGEO no descarta ninguna de las líneas de investigación contenidas en la teoría del caso para dar con su paradero, y reitera su compromiso de procurar el acceso pleno a la justicia para las víctimas directas e indirectas, así como el trabajo en el proceso resarcitorio del daño, según el comunicado difundido.